Vidal amplió el rango de funcionarios obligados a presentar Declaraciones Juradas

La decisión de extenderlas a otras categorías de la Policía y el Servicio Penitenciario fue dada a conocer a través del Boletín Oficial emitido ayer. En el decreto se informa que la medida fue tomada con “el compromiso de combatir la corrupción” 

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, amplió ayer mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial el rango de los agentes de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario provincial obligados a presentar cada año sus Declaraciones Juradas de bienes patrimoniales. Asimismo, estableció que para todos los funcionarios y agentes del Poder Ejecutivo el vencimiento para dicha presentación anual será cada 31 de octubre y deberá ser entregada en formato digital. 

De este modo, a partir de este año, deberá presentar una Declaración Jurada de bienes el “personal de la Policía a partir del rango de oficial inspector o equivalente, todo el personal de jerarquía inferior a cargo de una comisaría y todo el personal que preste servicios, sin importar jerarquía o función, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado”. La obligatoriedad de presentar esta documentación regía hasta ayer desde el cargo de subcomisario hasta el de comisario general.

En el caso del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, la obligatoriedad de presentar Declaraciones Juradas será para quienes ocupen cargos “con grado igual o superior al de alcaide o equivalente y para quienes tienen jerarquía inferior a cargo de unidades penitenciarias o alcaidías”.  

Formato digital

Una de las novedades es que las Declaraciones deben ser presentadas en formato digital, con el objetivo de reducir gastos, acelerar el proceso de entrega y transparentar el proceso. “Debido al volumen de sujetos obligados que integran el universo y su dispersión en el territorio provincial, deviene necesario implementar un sistema centralizado de presentación para efectuar la Declaración Jurada Patrimonial Integral”, se explica en el decreto. 

La implementación de una aplicación web para enviar los documentos sería “la solución más apropiada” para “garantizar la eficiencia y economía de los procesos administrativos”. Con este objetivo, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Justicia, pondrá a disposición de los sujetos obligados una aplicación web para la carga y remisión de las Declaraciones Juradas de la Provincia.

La documentación deberá ser presentada, en Buenos Aires, por 55.000 personas, entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía igual o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado”. 

Asimismo, están comprendidos el escribano general de Gobierno, el contador y el tesorero general de la Provincia, el fiscal de Estado, los miembros del Consejo de la Magistratura, representantes del Ejecutivo provincial en entidades o empresas interjurisdiccionales, organismos públicos no estatales e integrantes del directorio o similares de la Administración Pública bonaerense, entre otros.

Antecedentes laborales

El decreto que emitió el gobierno bonaerense establece otra novedad: “Los funcionarios y agentes comprendidos en el artículo 3° incluirán en la Declaración Jurada Patrimonial Integral sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años, sean o no remunerados, incluyendo los que realizan al momento de su designación”. Cabe destacar que se deberá presentar una sola Declaración y el sistema informático dividirá automáticamente lo público de lo reservado, que quedará guardado de manera oculta por si algún funcionario judicial lo requiere.

¿Qué objetivos tiene el nuevo sistema de presentación de DDJJ?

- Transparentar los actos de Gobierno

- Detener la corrupción y fortalecer el sistema democrático

- Evitar y descubrir enriquecimientos ilícitos

- Detectar conflictos de intereses e incompatibilidades

- Reducir el uso del papel mediante la digitalización

- Que la información sea de libre acceso a los ciudadanos

- Sistematizar y organizar la información 

- Hacer el proceso eficiente y económico