En qué consiste la ley de Educación Integral Ambiental

La normativa promulgada ayer aborda el ámbito formal en escuelas y universidades, el no formal en organizaciones de la sociedad civil, y el informal en los medios de comunicación.

Después de su aprobación por unanimidad en el Senado, el Gobierno nacional promulgó ayer la ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral. Con el objetivo “de establecer este derecho como una política pública”, la iniciativa establece presupuestos mínimos para la implementación de políticas sustentables y de concientización ciudadana, tanto desde las gestiones de gobierno como en todos los niveles educativos.

De acuerdo al Boletín Oficial, la ley aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación). La clave es incluir la temática ambiental en sus distintos aspectos. En ese sentido, algunos de los ejes centrales de la legislación están vinculados al cambio climático, la contaminación, la biodiversidad, el uso de suelos y la producción de residuos. El objetivo es que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente: el respeto y valor de la biodiversidad, la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural y el ejercicio del derecho a un ambiente sano.

Conforme a los ejes trazados por la Constitución Nacional sobre la base de los tratados internacionales, la sanción de la ley se propone establecer la Educación Ambiental como un derecho.
Entre otras cosas, prevé una estrategia nacional como instrumento de planificación, coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las diferentes universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El texto de la promulgación fue firmado por el Presidente, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y su par de Educación, Nicolás Trotta. Bajo el número 27.621, la ley contempla principios estipulados en la Constitución, la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional; así como otras leyes vinculadas como la Ley de Régimen de Gestión Ambiental del Agua, Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares; Ley de Manejo del Fuego y tratados y acuerdos internacionales en la materia.

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