Inquilinos: terminó el congelamiento de alquileres y desalojos

Esta semana dejó de regir el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20, que congeló las rentas y prohibió desalojos en el contexto de la pandemia de coronavirus. A partir de hoy, los contratos podrán actualizarse y los locatarios con deuda deberán pagar o enfrentar juicios.

Después de un año de congelamiento de alquileres y prohibición de de-salojos, los inquilinos de todo el país enfrentan una nueva etapa en el contexto de la segunda ola de la pandemia. A partir de hoy, los contratos podrán actualizarse y los locatarios que tengan deuda deberán comenzar a pagarla en planes de hasta doce cuotas o enfrentar sus respectivos juicios. Sin una extensión de la medida, los Inquilinos Agrupados expresaron su malestar con una protesta.

Hace exactamente un año, durante las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Gobierno nacional sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20. Según cada uno de sus puntos, quedaban congelados los precios de los alquileres y prohibida cualquier clase de desalojo en el marco del ASPO por coronavirus. Esta semana, tras doce meses de vigencia, el DNU dejó de regir y abrió paso a una nueva etapa.

Días atrás, cuando el ministro Jorge Ferraresi anunció que finalmente no habría una extensión de la medida, el Gobierno puso en marcha un protocolo para asistir a más de 9 millones de personas con problemas habitacionales. El Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, cuya elaboración y aprobación se instruyeron con la Resolución 88/2021, señala que se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones.

Por otro lado, se anunció que arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública. Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros. Finalmente, los propietarios que no declaren sus contratos de locación en la AFIP no podrán desalojar a sus inquilinos.

Los colectivos de inquilinos, sin embargo, manifestaron públicamente su disconformidad tanto frente a las medidas mencionadas como ante las especulaciones del mercado inmobiliario en el actual contexto sanitario. “Hicimos un ruidazo nacional para hacernos escuchar frente a un mercado inmobiliario que decide cómo tenemos que vivir”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

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