El presidente de Ecuador fue denunciado por presuntos delitos de lesa humanidad

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ministros, exministros y autoridades de la Policía Nacional fueron denunciados hoy por la Defensoría del Pueblo por presuntos delitos de lesa humanidad durante las protestas opositoras de octubre de 2019 contra medidas económicas antipopulares impulsadas por el gobierno derechista que dejaron seis muertos, varios heridos y numerosos detenidos.

"La Defensoría del Pueblo presenta denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador por presuntos delitos de lesa humanidad y pide que las autoridades prohíban la salida del país del Presidente de la República, ministros y otros/as", dijo el organismo en un comunicado.

La denuncia se extiende al ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín; María Paula Romo, exministra de Gobierno; cuatro ex altas autoridades de la Policía Nacional y un oficial en servicio activo de esa institución.

La misma se basa en la investigación no judicial desarrollada durante más de un año por la Comisión para la Justicia y Verdad (CEVJ) que investigó los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre de 2019, y que fue presentado hace seis días.

Según la denuncia, en 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas.

También señala que seis personas fallecieron durante las protestas.

Esto configura una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, dado que el sujeto activo del delito sería un agente estatal.

Jarrín cuestionó momentos después el informe de la CEVJ y lo tildó de "infame, discriminatorio, incompleto y parcializado", indicaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

El ministro recordó que durante la crisis de octubre se produjeron saqueos, hechos vandálicos y fueron atacadas ambulancias, entre otros actos violentos.

"Eso es inhumano, eso es violación a los derechos humanos, también hubo sabotaje planificado, organizado y la búsqueda de desestabilizar al país y colapsar la democracia", agregó.

En sintonía, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez criticó el informe y dijo que el mismo no menciona acciones como el secuestro a policías por parte de un grupo de manifestantes ni el supuesto abuso a policías mujeres, entre otros.