España: otra persona se suicidó cuando le desalojaron la casa
El pasado 25 de octubre, un hombre de 54 años se ahorcó en la sureña ciudad de Granada, también antes de ser desalojado por impago.
La nueva víctima de este drama económico se subió a una silla y se lanzó desde el cuarto piso del inmueble en el que vivía en la localidad de Barakaldo y murió en el acto, informó el Departamento vasco de Interior.
La fallecida, identificada como Amaia Egaña, era la esposa de un ex concejal socialista de la citada localidad vizcaína, José Manuel Asensio, con quien vivía en la vivienda, según el diario vasco Deia.
La tragedia ocurrió a las 9.20 de la mañana cuando una comitiva judicial se presentó en un edificio ubicado en el número 11 de la calle Escuela de Artes y Oficios de Barakaldo para ejecutar una orden de desalojo.
Al parecer, la mujer abrió la puerta del edificio a los agentes judiciales y luego se lanzó por la ventana antes de que estos ingresaran a su departamento.
Tras conocer la terrible noticia, el alcalde la Barakaldo, Tontxu Rodríguez, acompañado de varios concejales se desplazó al lugar, donde también se concentraron varios miembros de la plataforma Afectados por la Hipoteca (APH).
Margen Izquierda, portavoz de Stop Desahucios, afirmó luego de tener conocimiento de la tragedia que los afectados y amenazados por los desalojos están totalmente rotos y destrozados.
Esta va a ser la dinámica, advirtió después del segundo suicidio relacionado con este dramático tema en España.
"La ciudadanía está en un estado de depresión, los jueces están muy enfadados y los psicólogos, desbordados porque la gente no puede dormir", añadió en declaraciones radiales.
Los desalojos por impago de hipotecas o alquiler se convirtieron en un verdadero drama social en España, ya que supone la condena de miles de familias a la exclusión.
Entre 2006 y 2011 en el país ibérico se produjeron 396.943 ejecuciones hipotecarias, de acuerdo con un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sólo en el segundo trimestre de este año el número de desalojos ascendió a más de 18.000.
Ante la magnitud del problema, el gobierno de Mariano Rajoy llegó a un principio de acuerdo con el opositor Partido Socialista (PSOE) para evitar más desalojos y modificar la ley para contener a los ciudadanos y protegerlos frente a los bancos.
En su informe, el órgano de gobierno de los jueces españoles advirtió que la situación es alarmante y denunció que los bancos gozan de un procedimiento privilegiado y extremadamente agresivo para cobrar sus deudas de forma rápida.
En tanto, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó ayer en respuesta a un caso particular- que la normativa española que regula los desalojos incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas.