La amenaza mundial de la crisis alimentaria tendría consecuencias más graves en Perú
Expertos de la FAO calcularon que por lo menos 15,5 millones de los casi 33 millones de peruanos podrían verse seriamente afectados. Desde el gobierno de ese país ya anunciaron nuevas medidas para paliar la situación.
La amenaza de una crisis alimentaria que se cierne sobre el mundo a causa fundamentalmente de la invasión de Rusia a Ucrania podría tener consecuencias aun más drásticas en Perú por el marco previo, de acuerdo a investigaciones nacionales e internacionales que aconsejan la toma de medidas urgentes.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calculó que por lo menos 15,5 millones de los casi 33 millones de peruanos podrían verse duramente afectados. Una cifra que otras organizaciones, a partir de estudios de vulnerabilidad, disparan por encima de los 18 millones.
“La inseguridad alimentaria es un gravísimo riesgo en el que ya estamos inmersos”, expresó el psicoanalista Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional.
“Todo indica que la crisis alimentaria global tendrá un impacto mayor para Perú a nivel de profundidad y duración”, sostuvo.
Hernández usa directamente la palabra “hambruna” y critica que, no solo en Perú, se busquen términos menos drásticos para disfrazar el problema.
“La inseguridad alimentaria es mundial. Se dice que va a haber una hambruna general, pero Perú no va a sufrir eso porque vamos a tomar todas las medidas. No nos va a faltar qué comer”, aseguró el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, sin especificar en qué consistirán tales disposiciones.
Para los expertos, la amenaza derivada de dificultades de los agricultores peruanos para abastecerse de fertilizantes se potencia en la medida en que el país ya enfrentó una dura campaña en el último año y apenas estaba tratando de salir de una crisis que se agravó con la pandemia de coronavirus.
Hasta ahora, los planes del Estado para entregar créditos a los productores y la cesión de un bono extraordinario para la compra de fertilizantes no han tenido los alcances esperados, de acuerdo a analistas que describen al momento actual del agro peruano como el peor en mucho tiempo.
“Todo indica que la crisis alimentaria global tendrá un impacto mayor para Perú a nivel de profundidad y duración”, afirmó en ese marco el analista económico David Rivera en un artículo para el diario limeño La República.
Las exportaciones de fertilizantes de Rusia cayeron drásticamente debido a la guerra, al tiempo que China, como producto de la misma dinámica, ha restringido la venta de esos productos.
Hasta ahora, las importaciones de fertilizantes de Perú llegaban un 57% de Rusia y un 19% de China, y de ahí el previsto impacto.
El gobierno, a través de un decreto de urgencia, dispuso este mes la compra de urea desde el Estado por cerca de 95 millones de dólares, pero los expertos consideran que eso no basta y el Ministerio de Agricultura reconoció que la cartera de Economía le dijo que no hay más dinero para ese fin.
En opinión del presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, el monto no garantiza siquiera que el Ministerio de Agricultura concrete la compra de urea, producto que además representa solo alrededor del 30% de los fertilizantes utilizados en Perú. Además, señaló el experto, ni siquiera se han definido cuáles serán los países proveedores.
Además, el gobierno pone como exigencia para que los agricultores accedan a ese fertilizante que estén inscritos en el padrón individual de productores agrarios, en el que hay solo alrededor de un 10% de potenciales beneficiarios. La distribución se hará a través de Agro Rural.
Con un faltante calculado ahora en 180.000 toneladas de fertilizantes, los efectos ya empezaron a sentirse. En el último año, de acuerdo a estadísticas oficiales, el costo de una canasta mínima de alimentos para una familia de cuatro personas en Lima saltó de 429 soles (unos 113 dólares) a 503 soles (132 dólares).
Una encuesta de la firma Ipsos detectó que el costo de vida, con 37%, pasó a ser la mayor preocupación para los ciudadanos en un país con más de 70% de informalidad, con un desempleo de más del 10% y en el que hay más de 10 millones de personas clasificadas por debajo del umbral de la pobreza.