Nueva destitución presidencial en Perú

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de Perú resolvió destituir al presidente interino José Jerí, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo. “La mesa directiva declara la vacancia del Presidente de la República”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El Parlamento elegirá hoy mismo, a las 18 hora local, a un nuevo jefe del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

El Congreso apeló a las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semi clandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de gobierno. Además, se reflotó un caso en el que se le acusa de abuso sexual. Jerí mantuvo un mandato de manera interina en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la mandataria Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

En un último intento por salvarse, el partido Somos Perú, al que pertenece Jerí, propuso que se suspendiese el debate para que la destitución se diese a través de la figura de la vacancia, lo que exigía los votos de dos tercios de la Cámara, algo que no que fue aceptado por la mayoría del Parlamento. Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, criticó esta idea. “No se puede tener acusados de violación como presidente”, señaló. El grupo de partidos conservadores que controlan el Congreso, y que inicialmente respaldaron la llegada al poder de Jerí, le retiraron su confianza a pocas semanas de las elecciones para distanciarse de la pérdida de popularidad del gobernante ante las revelaciones de las últimas semanas que motivaron que la Fiscalía lo investigue por tráfico de influencias.

De esta manera, el país se encamina ahora a la elección de su octavo presidente en nueve años, mientras persiste la presión social y la incertidumbre sobre la capacidad del Congreso para garantizar la gobernabilidad hasta las próximas elecciones generales.