Represión en América durante la pandemia

Las autoridades de todos los Estados del continente deben evitar recurrir a medidas represivas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos para “proteger” a la población de la Covid-19

Amnistía Internacional de-sarrolló el proyecto Evidence Lab, a través del cual especialistas verificaron casi 60 casos en la región en las últimas siete semanas. La verificación apunta al uso de tácticas arbitrarias, represivas y punitivas por parte de los gobiernos.

En los casos se observa: el uso de la detención como primera medida y no como último recurso, el uso de fuerza innecesaria y excesiva para hacer cumplir el confinamiento por la Covid-19, y la imposición de cuarentenas en condiciones inhumanas.

“La Covid-19 nos afecta a todas las personas, pero no de la misma forma. Muchas de las que sufren represión en las Américas son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios básicos, no ser criminalizadas y sometidas a malos tratos. Los gobiernos se equivocan si piensan que con medidas represivas van a proteger a la gente de esta enfermedad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para la Américas.

En Argentina, Amnistía verificó un video donde se ve a la policía golpeando a una persona sin hogar, al parecer por estar en la calle durante el confinamiento. Por este motivo, el organismo envió una carta con recomendaciones y un pedido de acceso a la información al Ministerio de Seguridad de la Nación.

También se han cotejado más situaciones en Puerto Rico, México y República Dominicana en los que la policía parece estar deteniendo a personas que se dirigen a comprar alimentos y otros artículos básicos. En otros videos analizados por Amnistía Internacional se ve a la policía recurriendo con frecuencia a castigos humillantes y degradantes en contra de quienes incumplen el confinamiento.

El proyecto también analiza la situación en países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras. En esos países,como en todos los de América, los Estados tienen la obligación de prohibir las detenciones arbitrarias, incluso durante un estado de excepción. Las sanciones deben imponerse como último recurso y proporcionando protección de la salud pública.