AFSCA: zafarrancho jurídico en los tribunales de La Plata

Un fallo de dos camaristas K suspendió la disolución del organismo y apartó al magistrado que dispuso la medida. Los pormenores de un entramado judicial que preocupa  

Luego del decreto del presidente Mauricio Macri que ordenó la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),  Martín Sabbatella recurrió a integrantes de la agrupación ultra K Justicia Legítima para que, en un burdo manotazo de ahogado, lo repusieran en el cargo. Hasta el momento se quedó con las manos vacías, pero el entramado judicial que se puso de manifiesto es preocupante. 

El último capítulo se dio  el viernes pasado con el dictado del fallo que lleva la firma de los camaristas kirchneristas Roberto Lemos Arias  y César Álvarez, cuya sentencia también está rubricada por la secretaria María del Rosario Durán, hermana del juez trucho Laureano Durán.   El fallo en cuestión anula lo dictado por el juez federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, que dejó sin efecto la medida precautelar dictada por el  juez provincial Luis Federico Arias, otro integrante de Justicia Legítima que pese a no se ser competente para expedirse en temas federales igual intervino, sin que se concretara el respectivo sorteo. Y dispuso la suspensión de la intervención del organismo. 

Cabe recordar que Recondo fue el primer magistrado que ordenó la nulidad de la ley de subrogancias impulsada durante la era K que permitió, por ejemplo, que Laureano Durán pasará de ser un simple auxiliar escribiente a desempeñarse como titular de unos de los juzgados federales con competencia electoral más importantes del país. Este fallo, que en su momento también fue revocado por integrantes kirchneristas de la Cámara Federal, terminó siendo confirmado por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que el juez trucho volviera a coser expedientes. Es muy probable que con el tema de la AFSCA suceda lo mismo: teniendo en cuenta que hay otros procesos judiciales abiertos en distintas jurisdicciones del país, será el máximo tribunal el que tenga la última palabra.

En tanto, Recondo criticó en su fallo que el trámite de las actuaciones en cuestión tuvo un recorrido “extraño”, ya que la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Plata se encontró repentinamente sin servicio eléctrico y sin red informática, imposibilitando el sorteo de rigor, y acto seguido, en virtud de que la abogada amparista solicitó la radicación en el Juzgado de Arias, decidió indicarle que presentara la causa directamente ante el magistrado, dejándole el criterio de la recepción y tramitación de la misma. Es decir, el trámite estuvo claramente digitado para que interviniera un integrante de Justicia Legítima.

Respecto a la AFSCA, el fallo del viernes -con argumentos que constituyen un verdadero atentado a la razón- dispuso el apartamiento de Recondo de la causa. Y designó en su reemplazo al titular del Juzgado Federal 2, Adolfo Gabino Ziulu, para que siga el trámite.

En diálogo con Hoy, Recondo destacó que “llama la atención que la cámara se haya expedido con tanta especificación respecto de mi conducta, cuando de ninguna manera he violado la garantía de defensa en juicio”.

 “No puedo vincular cosas que me expondrían a cuestiones que no puedo demostrar, pero  recuerden que yo soy quien dictó el fallo Uriarte que motivó que se dejara sin efecto las designaciones de los subrogantes, entre ellos la del Dr. Durán”, afirmó el magistrado, recordando así lo llamativo que resulta que el fallo de los camaristas Álvarez y Lemos Arias lleve la firma de la hermana del juez trucho. En tanto, Lemos Arias tampoco tiene los mejores antecedentes. El juez K fue investigado por el Consejo de la Magistratura, acusado en 2004 por la Asociación de Abogados de Buenos Aires por supuesto delito de usurpación de títulos y honores, contemplado en el artículo 246, inciso 3 del Código Penal.

Asimismo, cabe recordar que existen numerosos precedentes de intervenciones decretadas en situaciones similares a la resistida por Sabbatella. Muchas de ellas con menores y más limitados fundamentos que los que exhibe el Decreto 236/2015, que además estableció un plazo determinado de 180 días a partir de su publicación, circunstancia que no ha sido consignada en otras intervenciones. La mayoría de estos decretos han sido dictados durante el gobierno kirchnerista, y ordenan intervenciones de distintos organismos, como la imprenta Ciccone, YPF y el INADI.

Las denuncias penales contra Sabbatella

El extitular de la AFSCA fue demandado penalmente por la directora del diario Hoy, la señora Myriam Chávez de Balcedo, en los tribunales federales de La Plata con el objetivo de que se frenen las adjudicaciones de licencias audiovisuales que realizó el organismo que conducía Sabbatella y, a su vez, por los delitos de incumplimiento de funcionario público y peculado.

Si bien las demandas hacen referencia a irregularidades y arbitrariedades de dos concursos de licencias audiovisuales en La Plata, la ilegalidad atañe a todo el proceso que  llevó adelante el exintendente de Morón hasta que fue removido del cargo.