Ahora convocan al 24A para defender la Justicia
Desde distintas ONG y la oposición se movilizarán al congreso el miércoles para exigir que no se vote la reforma judicial
Uno de los hechos más bochornosos podría ocurrir el próximo miércoles 24 de abril, cuando el oficialismo, y sus aliados pagos, comiencen a convertir en ley el polémico paquete de leyes conocido como reforma judicial.
La movida tiene el objetivo de eliminar la poca independencia del poder judicial, y consagrar la impunidad. De esta forma, al habilitar los mecanismos para designar jueces amigos del poder político y echar a aquellos que son díscolos, los kirchneristas creen que estarán blindados ante los enormes escándalos de corrupción que los involucra. Eso no es todo: uno de los proyectos apunta a limitar el derecho que tiene la ciudadanía a obtener medidas cautelares que la protejan del avasallamiento del Estado y del poder político.
Por ejemplo, si como consecuencia del agravamiento de la situación económica que se viene registrando desde hace varios meses, se decidiera adoptar restricciones a la extracción de dinero en los bancos –como ocurrió a fines de 2001 con el corralito-, los ciudadanos afectados no tendrían ningún mecanismos de defensa para preservar su patrimonio. De esta manera, le quitarán la única herramienta que tuvieron tras el corralito y el corralón decretados por los gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde que sirvieron para salvar a los bancos, quedándose con los depósitos de particulares, con el dinero de la gente. Aquellos que en esa época lograron recuperar sus ahorros, lo hicieron mediante medidas cautelares dictadas por la Justicia.
Ante esta situación, dirigentes opositores y líderes sindicales enfrentados al Gobierno convocaron a una marcha el próximo miércoles al Congreso para torcer la votación de la reforma judicial que el oficialismo tendría previsto aprobar. “Ese día (el 24A) tiene que haber mucha gente acompañando. Hay que impedir esa votación”, lanzó Elisa Carrió y se sumó así a la convocatoria a un “abrazo” al Congreso de la Nación.
La CGT Azopardo, conducida por Hugo Moyano, también participará de la marcha convocada al Congreso para protestar contra las reformas en el Poder Judicial que la Cámara de Diputados podría convertir en ley.
Por otra parte, organizaciones no gubernamentales que habitualmente tratan temas institucionales, pidieron -a través de las redes sociales- que los ciudadanos firmen un pedido que será dirigida a 12 diputados que "a veces acompañan los proyectos del oficialismo y a veces no", para que "no" voten a favor de la reforma judicial en la Cámara Baja.
La solicitud, que se puede completar en Internet, está dirigida a los diputados Facundo Moyano, Mariana Veaute, Omar Plaini, Alicia Comelli, José Ricardo Brillo, Juan Carlos Forconi, María Cristina Fiore Viñuales, Alfredo Olmedo, Jorge Garramuño, Julio Ledesma, Walter Raúl Wayar y Eduardo Mauricio Ibarra, todos integrantes de diferentes espacios políticos.
En las redes sociales se alude también al diputado Alberto Roberti, a quien junto a Ledesma identifican como legisladores pertenecientes al llamado "massismo", ya que ambos contribuyeron la semana pasada a dar quórum cuando se trataron los tres proyectos que ya tienen media sanción.
El reclamo a los 12 legisladores de parte quieran llenar el formulario se hace a través de la firma de una nota que asegura que los proyectos presentan "serios problemas de constitucionalidad" e "implican un grave riesgo para el sistema de división de poderes, para el derecho de acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva, y especialmente para la defensa de los derechos de las minorías".
El pedido fue realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano.
Cómo será el debate en el congreso
El Congreso Nacional tendrá otra semana de intensa actividad con la probable sanción definitiva el miércoles en Diputados de la mitad más polémica del paquete de leyes con el que el Gobierno pretende reformar a la Justicia, mientras que en el Senado se tratará en comisiones la otra parte de los proyectos aprobados en la Cámara baja.
El viernes el oficialismo organizó en Diputados las reuniones conjuntas de comisiones para considerar mañana martes, desde las 11, los proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura y crear cámaras de casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y de Trabajo y Seguridad Social, que se habían recibido del Senado.
En el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura -se propone llevar de 13 a 19 sus miembros y dispone la elección directa de los consejeros académicos y de jueces y abogados- tendrán intervención las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, mientras que en el proyecto para crear las nuevas instancias de Casación tendrá competencia también la de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto para limitar las cautelares contra el Estado en el Senado fue tratado por las comisiones de Justicia y de Legislación General, giro que es probable que se repita en Diputados.
La jornada para dictaminar en relación de los proyectos contará con las presencias, como ocurrió en el Senado, del ministro de Justicia, Julio Alak, y del viceministro, Julián Alvarez.
Salvo la comisión de Justicia, que preside Jorge Yoma, actualmente un rebelde dentro del bloque del Frente para la Victoria con fuertes críticas a la reforma del Poder Judicial que promueve el Gobierno, el resto de las comisiones son presididas por kirchneristas orgánicos como Diana Conti (Asuntos Constitucionales); Luis Cigogna (Legislación General) y Roberto Feletti (Presupuesto).
En tanto, en el Senado no se descartaba que el miércoles la Cámara pueda sesionar para tratar, entre otros, un proyecto vinculado a los tratamientos de fertilización asistida, pero no había certeza sobre si va a haber reunión en el recinto.
Para mañana, a las 15, en el salón Azul, fue convocada una reunión de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado para dictaminar sobre los proyectos de reforma judicial girados por Diputados.
Huelga de hambre por los agrotóxicos
Habitantes de la ciudad bonaerense de Alberti, acompañados por militantes ambientalistas, cumplieron ayer 18 días de campamento frente al edificio municipal, en reclamo de que se cumpla un fallo de la Suprema Corte provincial que prohibió las fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros del casco urbano.
De la protesta, instalada en la Plaza Central de Alberti, participa el periodista Oscar Alfredo Di Vincensi, quien además protagoniza una huelga de hambre.
El 2 de enero pasado, Di Vicensi debió ser internado en el hospital local tras ser rociado con agrotóxicos por un productor agrario que fumigaba un campo situado a 50 metros de un barrio de viviendas.
"En Alberti se juega con la salud de todos, se juega con la vida. El poder político y el poder económico buscan tapar la protesta", aseveró el periodista en un comunicado.
Los manifestantes reclaman que la intendenta, Marta Médici, cumpla con la resolución del máximo tribunal de Justicia bonaerense.
El 8 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló un recurso de amparo presentado por una familia oriunda de Alberti, que denunció haber sufrido los efectos de fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de su vivienda.
En su dictamen, respaldó los alcances de la Ordenanza Municipal 1690, que establece la restricción de aplicar agroquímicos a una distancia inferior a los mil metros del casco urbano.