Causa Ciccone

Amado Boudou, al banquillo

El multiprocesado vicepresidente fue llamado a indagatoria por el juez Norberto Oyarbide. Es en el marco de una causa que investiga el delito de dávivas con contratistas del Estado e involucra a un empresario platense. Además, cerró la investigación por el escándalo Ciccone y podrían citarlo a juicio oral

"Vamos por todo, por todo”, dijo la presidenta Cristina Kirchner en un ya lejano 2012, durante un acto en conmemoración del primer izamiento de la bandera nacional por Manuel Belgrano, en Rosario. Aquella prepotencia demostraba una impunidad y un ahínco en el poder que tanto ella como su gabinete soñaban eternos. Pero, como no hay mal que dure 100 años, el 10 de diciembre el kirchnerismo llegará a su fin, con el tan temido escenario por los funcionarios K, quienes perderán sus fueros y serán tan pasibles de Justicia como cualquier ciudadano.

En este contexto, el multiprocesado vicepresidente Amado Boudou es uno de los más complicados porque, a ocho días de terminar su mandato, el juez federal Norberto Oyarbide lo llamó a indagatoria para el próximo 15 de diciembre, cuando ya esté fuera del gobierno. El magistrado hizo lugar al pedido que le había formulado el fiscal Carlos Rívolo (un planteo que solicitó hace mas de un año y reiteró la semana pasada reclamando) quien, además, pidió que se le prohíba la salida del país, en el marco de una causa que investiga si Boudou recibió dádivas de contratistas del Estado por al menos dos vuelos que realizó a actos oficiales en 2011.

 Uno de los viajes fue hecho el 17 de diciembre del 2011 en un avión privado de Alas del Fin del Mundo SRL, del empresario del juego de Tierra del Fuego, Nazareno Natale, y tuvo como destino inaugurar la temporada de verano en Necochea, junto al entonces intendente K Horacio Tellechea. De allí, se fue junto al intendente hasta el Parque Lilio, de esa localidad, en un helicóptero de la empresa contratista del Estado Ecodyma S.A. para participar de un acto oficial con el director de la Anses, Diego Bossio, y otros funcionarios. Curiosamente, este vuelo fue operado por el piloto platense Marcelo Scaramellini, quien además es director de Ecodyma Empresa Constructora S.A., con sede en la calle 44, entre 140 y 141, de nuestra ciudad. Por esto, él también sería llamado a indagatoria.

En su primera presentación, ante el juez Luis Rodríguez, el fiscal Rívolo pidió que Scaramellini dejara de ser testigo para declarar como imputado, luego de que el propio empresario confirmara que -en 2011- trasladó gratis en su helicóptero al complicado vicepresidente a pedido del entonces edil Tellechea. Pero los lazos entre el empresario platense y Boudou no se detienen en este “favor”.

Ecodyma ha resultado beneficiada con distintos contratos por obras públicas en San Antonio de Areco, comandado por el intendente ultra K Francisco Durañona y Vedia, de estrecha relación con el vicepresidente. Ambos fueron militantes de la Ucedé y durante el paso de Boudou por el ministerio de Economía, lo nombró Superintendente de Seguros. Y como si quedaran dudas de los lazos que unen a Boudou con esta familia liberal, su abogado es Eduardo Durañona, primo del alcalde de San Antonio de Areco. En este distrito bonaerense, Ecodyma ha recibido millonarias contrataciones, como las obras de desagües pluviales en la Cuenca Este, por más de $90 mil millones y del Hospital Tito Domínguez, por casi $44 mil millones, por sólo citar las últimas licitaciones.

El denunciante de las presuntas dádivas que habría recibido Boudou fue el concejal necochense Alberto Esnaola (UCR), quien recordó que el funcionario podría ser castigado con “hasta dos años de prisión”.

Un historial sombrío

La empresa de los Scaramellini, además, estaría vinculada al presunto testaferro K, Lázaro Báez, con quien se asoció en 2011 para realizar la canalización del Río Salado, una obra que dependía de la Provincia. También intervino en la controversial construcción del Estadio Único, en el que se gastó varias veces más de lo presupuestado; y en la escandalosa realización del terraplén costero de Berisso, donde, con la complicidad del intendente kirchnerista, Enrique Sleczak (derrotado en octubre por el radical Jorge Nedela), se quedó con un negociado que, según especialistas, presenta serios problemas de infraestructura. Nada de eso se tuvo en cuenta y la compañía embolsó más de $200 millones, sobre un presupuesto inicial de $80 millones. No es todo: este año, la firma cosechó $ 66.584.277,93 por la realización de una serie de obras complementarias que, para expertos y ambientalistas, no contribuirían en nada a solucionar los problemas hídricos de la Capital del Inmigrante y serían una mera pantalla para facturar costos extras. También en Berisso, Ecodyma S.A. fue beneficiada con la construcción de los desagües de la cuenca Watzenborg, por la que amasó $60,9 millones.

Martes negro para el vice

También ayer, el juez federal Ariel Lijo dio por cerrada la investigación por el escándalo Ciccone y se dispone a enviar a Amado Boudou a juicio oral por esta causa en la que el vicepresidente está procesado por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Boudou ya espera el juicio oral por falsificación de unos papeles de autos y ahora, Lijo dio vista al fiscal federal Jorge Di Lello para que, en seis días, dictamine si coincide en el cierre de la instrucción y se eleve el caso a juicio oral. A este juicio Boudou no llegaría solo, sino junto a su amigo José María Núñez Carmona y el empresario Alejandro Vandenbroele; a los acusados también se suma Nicolás Tadeo Ciccone, uno de los cofundadores de la imprenta; los ex funcionarios de Economía César Guido Forceri y de la AFIP, Rafael Resnick Brenner.

Boudou siempre aseguró que no conocía a Vandenbroele, titular de The Old Fund, la empresa radicada en Uruguay que se convirtió en controlante de la ex Ciccone Calcográfica. Pero -según la investigación- Boudou, a través de Núñez Carmona, negoció con la familia Ciccone el levantamiento de la quiebra de la empresa para luego garantizarle negocios desde el Estado que se concretaron: entre ellos, la contratación con la Casa de Moneda para emitir billetes.

Lijo tiene además otra investigación contra el vicepresidente en la que aún no fue llamado a declarar: la que investiga su patrimonio y el de su entorno -entre ellos su ex novia, la periodista Agustina Kämpfer-, por el “vertiginoso e injustificado incremento” de sus bienes.