Boudougate: el rol de la AFIP en el ojo de la tormenta
El ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía ayer presentó un escrito. Habría sido el encargado de solicitar una escandalosa moratoria a favor de la ex Ciccone que luego terminó concediendo el organismo recaudador
Cada día qué pasa, surgen nuevas pruebas que involucran directamente a las máximas autoridades de la AFIP, con Ricardo Echegaray a la cabeza, en el llamado Boudougate.
Ayer, el ex jefe de asesores del Ministerio de Economía Guido Forcieri, exmano derecha de Amado Boudou en el Palacio de Hacienda, se presentó en tribunales con un escrito, luego de sucesivas dilaciones que llevaron a que se estuviera a punto de utilizar la fuerza pública para obligarlo a declarar.
Forcieri intentó rechazar las acusaciones en torno a su participación en “el rescate” de la ex Ciccone Calcográfica, causa en la que está procesado el vicepresidente Boudou, y aseguró que el miembro de la AFIP Rafael Resnick Brenner es "un mentiroso" (ver aparte).
La realidad es que, los que hoy se pelean, habría sido protagonistas principales del negocio. Concretamente, existirían indicios de que habría sido Forcieri el encargado de pedir –en nombre de Boudou- la moratoria extraordinaria a la AFIP para lograr que se levante la quiebra de la imprenta, requisito fundamental para que la compañía pudiera ser contratada por el Estado para imprimir papel moneda. El pedido habría sido canalizado por Resnick Brenner, un funcionario de confianza de Echegaray, que actualmente está procesado por su participación en el Boudougate. ¿El resultado? Para cancelar una deuda de $240 millones, se terminó otorgando un plan de pagos escandaloso, al punto que incluyó una quita multimillonaria sobre los intereses acumulados durante años de incumplimientos impositivos. Además, para cancelar la deuda, se le dio un plazo de 148 cuotas (más de 12 años) y los intereses a aplicar sobre el plan se cifraron en 0,5% de interés mensual en vez del 3 por ciento habitual.
Mientras tanto, inspectores de la AFIP, mandados por Echegaray, actualmente siguen atosigando a pequeños y medianos empresarios y comerciantes, que al carecer de influencia en el poder político no tienen la más mínima chance de acceder a beneficios similares a los concedidos a la ex Ciccone.
Forcieri, acompañado por su abogado, Pablo Slonimsqui, se presentó ante el juez federal Ariel Lijo un día antes de la citación -que el magistrado había fijado para hoy a las 11- evitando así una previsible guardia periodística en torno a su indagatoria.
El actual representante argentino en el Banco Mundial rehusó responder preguntas de Lijo y de la Fiscalía a cargo de Jorge Di Lello. Su declaración había sido controvertida porque fue suspendida en dos oportunidades, ya que argumentaba por sus funciones en el organismo internacional no podía venir, a pesar de lo cual el juez Lijo le advirtió que si no lo hacía iba a ordenar su detención. Ahora el juez tiene 10 días para resolver si lo procesa, lo sobresee o le dicta la falta de mérito en la causa.
4 de septiembre, la fecha clave
La Cámara Federal fijó para el jueves 4 de septiembre la audiencia con las defensas de los seis procesados del caso Ciccone, para que amplíen los fundamentos de sus apelaciones previo a resolver la causa.
Fuentes judiciales informaron que la fecha fue resuelta por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes luego de la audiencia quedarán en condiciones de resolver si confirman o revocan el procesamiento de Boudou y del resto de los imputados.
El 4 de septiembre los abogados de los defensores podrán presentar un escrito ampliando los fundamentos de sus apelaciones o expresando nuevos agravios. También podrán hacerlo de manera oral ante los jueces y los procesados tienen el derecho de presentarse y hablarle a los camaristas.
Luego la Cámara tiene cinco días hábiles para resolver -así lo fija el Código- pero por lo voluminoso de la causa las fuentes consultadas estiman que ese plazo será excedido y que el tribunal puede tomarse más tiempo para hacerlo. Junto a Boudou, el juez federal Ariel Lijo procesó a José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
Mentiroso vs mentiroso
El señalamiento de "mentiroso" que menciona el ex jefe de Gabinete de Economía apunta a Resnick Brenner, cuya declaración puso a Forcieri como acusado en la causa Ciccone. El funcionario de la AFIP había dicho que la ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda le presentó al amigo y socio del vicepresidente Boudou, el empresario José María Núñez Carmona, y le indicó que era "el hombre de Economía" para la cuestión Ciccone, donde la AFIP tenía un pedido de levantamiento de la quiebra de la empresa.
Forcieri agregó que a Resnick Brenner lo conoció en una reunión en la que el funcionario de la AFIP le pidió por un "crédito millonario" que tenía trabado su padre, Moises Brenner, pero que no le hizo el trámite.
El actual representante argentino en el Banco Mundial no negó que conozca a Núñez Carmona: "Conozco al Sr. José María Núñez Carmona desde hace aproximadamente diez años, fecha desde la cual mantengo con él una relación de amistad". Explicó que fueron compañeros de abogacía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y que fueron socios en cuatro empresas (Action Media S.A., Rock Argentina S.A., Petro de la Costa S.A., y GNC de la Costa S.A) de las que, dijo, ya se desvinculó.
También reconoció que compartió un viaje a Brasil con Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, dueño de "The Old Fund", la empresa que se quedó con Ciccone, y a quien el juez Ariel Lijo calificó de "prestanombre" de Boudou.
Pero Forcieri dijo de Vandenbroele que lo conoció "circunstancialmente y luego jamás lo volví a ver". El funcionario también negó que con Boudou hayan frenado un aval del Banco Nación para una licitación que tramitaba la Casa de Moneda para comprar máquinas. "La posibilidad de obtener un aval del Tesoro de la Nación para enfrentar una situación como la que aquí nos ocupa no se encuentra dentro de las facultades del Ministro de Economía, sino que, por ley, compete al Congreso de la Nación", explicó.