Buscan incorporar la deuda por Capitalidad al Presupuesto bonaerense

El debate por el Presupuesto 2022 para la provincia de Buenos Aires, que fue explicado ayer en la Cámara de Diputados bonaerense por el ministro de Hacienda Pablo López (ver página 3), será escenario de tires y aflojes entre oficialismo y oposición, pero también de los municipios con la Provincia.

Claramente la ley de leyes tendrá injerencia en el futuro financiero y político de los 135 municipios para el año próximo y, en ese marco, la capital de la Provincia tendrá también su propio capítulo en materia de negociación entre oficialismo y oposición: la ya famosa e histórica Tasa de Capitalidad.

En ese marco, los legisladores por la Octava Sección Electoral (La Plata) de Juntos por el Cambio ya comenzaron a dialogar con sus pares del oficialismo la forma de incorporar dentro del Presupuesto bonaerense 2022 parte de la deuda por Capitalidad.

La intención en medio de las pujas políticas que acompañan siempre los debates por el Presupuesto es que se incluya por escrito una partida de 1.700 millones de pesos en obras de infraestructura que la Provincia lleve adelante en la ciudad como una forma de saldar lo adeudado.

El reclamo en la Justicia

El intendente de La Plata, Julio Garro, denunció ante la Justicia a la provincia de Buenos Aires a fines del mes de octubre por la deuda, que en ese momento era de $1.133.000.777 más intereses.

En ese momento, el jefe comunal manifestó que ese fondo se utilizará para “hacer todas las calles y ­veredas nuevas, de modo tal de seguir mejorando la infraestructura en la ciudad”.

Cabe señalar que el área de Economía municipal envió en marzo una notificación a sus pares del gobierno de la Provincia en donde reclamaba que cancelaran la deuda, incluso la detallaba período por período.

Ahora mientras avanza la cuestión judicial, desde la comuna platense apuran a través de sus legisladores una “salida política” que hasta el momento aparece bastante difícil de abordar, teniendo en cuenta los reclamos del oficialismo actual que le recriminan a Garro no haber puesto el mismo énfasis en reclamar la tasa durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

De hecho, más allá de las irregularidades a lo largo del tiempo, fue el gobierno de Vidal el único que no pa­gó nada durante los cuatro años de gestión, salvo unos $25 millones de ayuda financiera a cuenta de la deuda.

¿Qué es la Tasa de Capitalidad?

La Tasa de Capitalidad fue crea­da en 1991 como una “contraprestación” de la Provincia a la capital por los servicios municipales que reciben los edificios administrativos del Estado bonaerense que se emplazan en la ciudad.

Entre los servicios que se considera que la Municipalidad presta y por los cuales debe cobrar la tasa, figura el de alumbrado especial, la recolección de residuos, el riego y la conservación de calles, plazas y pa­seos, la ocupación y el uso del espacio aéreo, el subsuelo y la superficie, además de la ocupación y uso del estacionamiento en playas o en la calle.

Uno de los primeros conflictos se dio más de dos décadas atrás, cuando la Provincia cuestionó la configuración de la base imponible y la metodología de liquidación. Eso derivó en el convenio de fines de 1991, cuando se acordó que la contribución sería del 10% del cargo total por las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Contribución Especial por Pavimento, pactándose además una redeterminación del monto de la deuda acumulada en ese momento y un mecanismo de cancelación.

La contribución siguió así formando parte de los tributos ordinarios del Municipio, pero los pagos por parte de la Provincia volvieron a ser discontinuos. La acumulación de acreencias condujo a la firma de un acta acuerdo en el año 2009, donde se reconoce la deuda exigible y se acuerda con la comuna su aplicación para la cancelación de deudas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires originadas en la liquidación del ex Banco Municipal de La Plata.

Y así llegan a 2010, cuando ambas partes firman un nuevo convenio donde se acuerda la adecuación de la alícuota, pasando del 10% al 14,6% de la tasa SUM como base imponible a partir del año 2012. Durante algunos meses la Provincia cumplió con los desembolsos, pero a fines de 2011 la situación volvió a tornarse irregular.

En diciembre de 2013, el cuerpo deliberativo local sancionó el decreto nº 122/13, por el cual se intimó al entonces gobernador Daniel Scioli por la acumulación de la deuda, mientras que en septiembre de 2015 dicho reclamo fue ­reiterado mediante un proyecto presentado por el entonces concejal José Arteaga.

Entre 2014 y 2019, la mora se elevó a $922.905.580, lo que representaba a fines del año pasado cerca del 10% del presupuesto municipal de ese año, cifra que durante la administración de Axel Kicillof ascendió a $1.265.000.000, llegando hasta los números actuales.

En septiembre del año pasado, el Senado dio media sanción a una iniciativa presentada por el legislador de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, que plantea la creación “de una contribución especial por su condición de capital de la Provincia, sede de los tres poderes públicos, organismos de la Constitución, organismos descentralizados y demás organismos provinciales”.

En ese sentido, establece que la contribución especial “deberá fijarse en una base entre el 0,22 por mil y el 0,45 por mil del presupuesto provincial”, y promueve la creación de un “comité ejecutivo de capitalidad”, integrado por un representante de la comuna, uno del gobierno provincial, uno por la Suprema Corte, uno por el Senado y otro por Diputados. La iniciativa, sin embargo, quedó varada en la Cámara baja.

El Concejo Deliberante avaló el reclamo judicial y estalló la polémica 

En la sesión del pasado miércoles 24, a instancias de un proyecto del concejal del GEN Gastón Crespo y con la negativa del bloque del Frente de Todos, el Concejo Deliberante platense sancionó el decreto que “acompaña al Ejecutivo municipal en la decisión de judicializar la deuda en concepto de Tasa de Capitalidad que el Estado provincial mantiene con la ciudad de La Plata”.

En ese marco, Crespo tomó la palabra para defender el decreto y dijo no entender “cómo si los vecinos saldan sus deudas por las tasas, la Provincia, que tiene mucha más espalda, no puede hacerlo”. Y recordó que hace ya muchos años que el Concejo viene reclamando el pago de la Capitalidad y que incluso han salido proyectos “por unanimidad”.

Sin embargo, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos (FdT), Cristian Vander, refutó: “Vaya si no bajó recursos para este gobierno la Provincia durante la pandemia”.

La concejal del FdT Marcela López argumentó entonces que Juntos por el Cambio “usa la judicialización como herramienta cuando le conviene”, y recordó que el gobierno de Mauricio Macri “la utilizaba como arma de persecución política”. Y los chicaneó: “Tuvieron una gobernadora con la cual podrían haber resuelto el tema. ¿Qué pasó ahí? No hay que jugar a mentira verdad. Todo lo demás es cháchara”.