Cianuro: los K contra las cuerdas

La Justicia apunta contra autoridades nacionales y sanjuaninas por el derrame de 224.000 litros de solución cianurada por parte de la minera Barrick Gold. Nuevas pruebas que comprometen al Ejecutivo. La inacción oficial en su máxima expresión

A 10 días del derrame por parte de la multinacional minera Barrick Gold de más de 224.000 litros de solución cianurada sobre el río Las Taguas en San Juan, la Justicia ha comenzado a actuar, primero citando a directivos de la empresa canadiense, y ahora yendo con fuerzas contra las responsabilidades políticas nacionales y provinciales.

En un requerimiento presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Federico Delgado pidió ayer investigar a funcionarios de los Gobiernos nacional y de San Juan y a directivos de la firma canadiense para poder esclarecer cuáles fueron las culpas de cada uno en lo ocurrido.

La denuncia, que en un comienzo fuera impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y ahora seguida por Delgado, se pide investigar si distintos funcionarios  "incumplieron sus deberes" puesto que "no inspeccionaron las condiciones en que debía realizarse el trabajo y, sin embargo, renovaron los contratos con los directivos de la empresa para que pueda seguir funcionando".

Siguiendo con esa tónica, el representante judicial solicitó que se investigue si distintos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner como del de José Luis Gioja, así como también altos directivos de la minera, fueron partícipes en los delitos de “envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Rindiendo cuentas

El fiscal federal requirió también que "se libre orden de presentación contra la sede de la Barrick Gold, en la persona de su director ejecutivo Guillermo Caló, para que brinde las explicaciones pertinentes, sobre lo que ocurrió el domingo 13 de septiembre en la mina Veladero y cuál es el material derramado y sus riesgos. Esta medida es urgente ya que han pasado diez días y el pueblo de Jáchal aún no sabe si puede beber el agua que alimenta a la comunidad”.

En diálogo con Hoy, la representante de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, Débora Gómez, señaló que “esta noticia de la Justicia porteña viene bien, más que nada porque nosotros no creemos ni en la Justicia provincial ni en el gobierno de Gioja, que evidentemente trabajan codo a codo con la Barrick Gold”.

Para la asambleísta cuyana, “esto evidencia que la lucha que venimos llevando adelante ha dado su fruto y que por fin se nos cree todo lo que denunciamos. Lamentablemente tuvo que pasar un desastre de esta magnitud para que la gente empiece a tomar conciencia y a tener en cuenta que lo que decíamos era verdad, y más allá de eso la idea es que la gente se empiece a sumar y acabar con esta actividad que tanto daño causa para la salud de la gente”.

De esta manera, por primera vez desde la aparición de la megaminería, los funcionarios públicos que han avalado el accionar de la Barrick Gold a lo largo de todo este tiempo, deberán rendir cuentas a la Justicia y explicar por qué permitieron el mismo a pesar de los múltiples informes que avizoraban que un suceso como el que ocurrió, podía pasar con serias consecuencias sociales y ecológicas para las poblaciones cercanas a la mina.

Prolongan suspensión

Pablo Oritja, juez de la ciudad sanjuanina de Jáchal, prolongó ayer la ampliación hasta el 22 de octubre de la suspensión de actividades en la mina Veladero. La medida fue tomada tras un pedido que hizo el perito designado por la Justicia provincial para tener “más tiempo” para encarar la investigación y  llegar a un resultado “efectivo” sobre el derrame ocurrido en el río Las Taguas.
Con esta resolución, las acciones de la Barrick Gold en San Juan se ven afectadas con pérdidas millonarias, que llevarían a la empresa a pensar en medidas judiciales para torcer el rumbo de la causa tanto en los Tribunales provinciales como federales.

“Lo ocurrido es de una gravedad inusitada”

Por Dr. Miguel Ángel Maldonado (Médico Psiquiatra y Médico Legista)
Especial para Hoy

 Lo que ha ocurrido en San Juan es de una gravedad inusitada, ya que el cianuro es un veneno potente, entonces esto produce en la población aprehensión a tomar el agua, puede incluso mover a mucha gente a tratar de irse de la zona, es decir, producirse un éxodo importante por temor a sufrir ellos o su familia una intoxicación

El haber autorizado la minería a cielo abierto con sustancias que son altamente nocivas y tóxicas, ha sido una decisión equivocada. En esto no gana el país, ni sus habitantes, y presumo que quienes ganan son los que han hecho el lobby político para que esto se autorizara y se llevara adelante.

Si tiene andamiento esta presentación que se ha hecho ante la Justicia, seguramente puede llegar a conseguir que esto se ordene bajo controles estrictos, en cuyo caso habría algunas garantías que no se produzcan nuevos desastres como el derrame del cianuro, o directamente dejen de funcionar aquellas empresas que no tengan garantía para evitar daños en la salud de la población.

“El contacto con veneno perjudica la salud”

Por Dra. Ana María Girardelli (Titular de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UNLP)
Especial para Hoy

En el caso de que se reiteren estos casos, ya que no sabemos si esta es la primera vez que se descubre o es la primera vez que ocurre, tal vez por la magnitud que ha tenido no ha pasado desapercibido, lo lógico sería que el río fuera constantemente muestreado para saber qué concentración de cianuro tiene el agua en forma constante.

Es posible que si fuera un hecho esporádico no pasara nada para la población, lo que no quiere decir que sea peligroso para el medio ambiente, ya que hay especies en el río, que necesitan mucha menor concentración de cianuro para ser afectadas.

El contacto aunque sea en mínimas dosis a través de los años con el cianuro, puede perjudicar la salud, como la oxigenación de la sangre, puede dar lugar a un menor rendimiento, a alteraciones neurológicas, se puede alterar la capacidad de aprendizaje y de trabajo, y las personas con antecedentes cardíacos o de enfermedades hematológicas, se verán más afectadas que las personas que no tienen ninguna patología previa.