Cómplices de la destrucción educativa
"Las escuelas son la base de la civilización”, afirmó el ilustre Domingo Faustino Sarmiento, un prócer que durante toda su vida trabajó denodadamente, contra viento y marea, en la noble tarea de que se pudiera “educar al soberano” en nuestro país. Entendió que ese era el único camino posible para que la Argentina dejara de ser un territorio semifeudal y pasara a transitar el camino del desarrollo.
Lamentablemente, en la última década de Gobierno K, se profundizaron gran parte de las nefastas reformas introducidas en los ‘90, que fueron la antítesis de lo que pregonaba Sarmiento. Se transformó el rol de las escuelas públicas que, en lugar de ser los lugares de excelencia para la transmisión del conocimiento, se convirtieron en meros comedores, donde millones de chicos diariamente reciben, quizás, el único plato de comida del día.
En la Argentina, también se destruyeron los niveles de exigencia y de instrucción que caracterizaban a la educación pública de nuestro país, que en la primera mitad del siglo pasado era considerada un modelo a seguir en todo el mundo. No por casualidad verdaderas eminencias en la Medicina, como René Favaloro o José Luis Mainetti, se formaron en establecimientos educativos de gestión estatal. También lo hicieron científicos que ganaron premios Nobel, como César Milstein, Bernardo Houssey y Luis Federico Leloir.
Lamentablemente, en la actualidad, nuestras universidades ni siquiera aparecen en el ranking de las 100 casas de altos estudios más importantes del mundo, mientras que gran parte de los chicos que logran terminar la secundaria arrastran serios problemas de compresión de textos.
El kirchnerismo nunca buscó modificar este lamentable presente. Peor aún, tuvo tiempo más que suficiente y recursos abundantes, producto de una situación externa que le fue muy favorable a la Argentina, pero igual no avanzó ni un solo milímetro en esa dirección.
Hubo una decisión de política de seguir manteniendo a millones de personas fuera del sistema, viviendo de las dádivas del Estado y abonando el terreno para que puedan crecer las formas más infames del clientelismo político. En definitiva, un pueblo sin posibilidades de llegar a formarse adecuadamente en las ciencias y en cultura general se vuelve fácilmente manipulable.
Otro de los responsables de este triste presente, con 22 días de clases perdidas en lo que va del año, son los sindicalistas que se mueven como lazarillos de la administración K. Este es el caso de Hugo Yasky y Roberto Baradel, quienes no por casualidad son gremialistas docentes. A ellos se los suele ver, en primera fila, en casi todos los actos de la Presidenta. Forman parte de la corte de aplaudidores que rodean a la primera mandataria y que en sus tiempos libres decretan paros a diestra y siniestra en territorio provincial, con fines absolutamente políticos.
Yasky y Baradel han decidido dirimir las internas políticas del oficialismo en las aulas, sin importarles que los más perjudicados, como siempre sucede en este tipo de casos, son los miles de alumnos que terminarán el año con niveles de aprendizaje muy inferiores a los que requieren las exigencias del mundo actual.
Se hace indispensable la tarea de volver a jerarquizar la educación pública y el rol del docente, y ponerle un coto a la proletarización de los maestros. Se ha llegado al extremo de que por la falta de controles en el otorgamiento de licencias hay hasta cinco docentes por cargo, y la mayoría con salarios de hambre y muchos sin cumplir con los requisitos mínimos que se requiere para desempeñarse como educadores. Esto lo sabe tanto Yasky como Baradel, que se han servido de este perverso sistema para sumar afiliados, a costas de los maestros que dignifican la profesión y que de forma masiva están dejando de ser docentes, agobiados por la violencia extrema que se ven en las aulas y la precarización extrema de su profesión.
Para jerarquizar la tarea del educador no solamente se requieren salarios dignos, sino también crear las condiciones para que exista una carrera profesional, donde sean premiados con mejores sueldos todos aquellos que honran la noble tarea de enseñar, que se capacitan de forma permanente y que cumplen con el presentismo; y queden relegados aquellos que ven en la escuela un campo de batalla para fines personales.
El gobierno bonaerense no está exento de responsabilidad. La directora de Escuelas, Nora de Lucía, fue designada con el objetivo de “transparentar” el sistema y terminar con las cajas negras en educación. Por el momento, poco y nada ha hecho. Lo más preocupante es que guarda silencio, y ha optado por no denunciar las graves anomalías que se registran, desde hace años, en la cartera educativa, que es el ministerio más grande de Latinoamérica, con casi 400 mil agentes. El área educativa se ha convertido en un enorme y hambriento elefante blanco, en una Provincia que desde hace tiempo se ha quedado sin recursos para poder seguir alimentándolo.