Confirman contaminación con cianuro en San Juan

Un informe de la ONU ratificó el derrame de la empresa Barrick Gold en la mina Veladero. Cuando ocurrió, la compañía y el gobernador José Luis Gioja lo negaron, amenazaron y persiguieron a quienes osaron investigar. La herencia de una era que culminó

Los K dejaron el poder, pero las esquirlas de su gestión aún lastiman. En silencio, en secreto, furtivamente, como ocurrió a lo largo de estos 12 años de kirchnerismo que, entre otras cosas, profundizaron la entrega y saqueo de los recursos naturales argentinos, beneficiando a multinacionales como Chevrón o Barrick Gold, por sólo citar dos de las más emblemáticas.

Precisamente, fue esa última compañía la que el 13 de septiembre pasado derramó cerca de dos millones de litros de agua cianurada en la mina Veladero, en San Juan, donde la firma canadiense explota minerales como oro y plata. Protegida por las autoridades nacionales de entonces y por el exgobernador K José Luis Gioja (que persiguió a periodistas y ambientalistas que osaran investigar), la empresa tardó 10 días en reconocer la contaminación, presionada por las denuncias de los lugareños cuyas vidas se pusieron en riesgo.

Ahora, un informe preliminar realizado por dos organismos de las Naciones Unidas (ONU) les dio la razón: porque concluyó que se contaminó el cauce del río Potrerillos y que los valores de cianuro se encuentran por encima de los recomendados para la vida acuática.

Concretamente, entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) tomaron 165 muestras de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal, en un tramo de 200 kilómetros que se dividió en cinco zonas y que va desde la mina Veladero hasta aguas abajo del embalse Cuesta del Viento. Si bien determinaron que el agua es apta para consumo humano, advirtieron “impactos asociados al incidente ambiental. Estos son de naturaleza física, asociados a la presencia de una significativa cantidad de sedimentos, así como de naturaleza química en cuanto a la presencia de trazas de cianuro y sus productos de degradación, y también de ciertos metales”. 

Particularmente, en el cauce que va desde el río Potrerillos hasta la desembocadura del río Las Taguas, los análisis detectaron “valores anómalos de cianuro […], de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y cinc. Las anomalías geoquímicas, y particularmente el gran incremento de la turbidez de la columna líquida por el aporte de sedimento, representan un impacto sobre la vida acuática”, aseveró el artículo.

El arte del apriete

Si hay algo que debe ser enterrado junto al pasado K es el famoso arte del apriete, la amenaza y la persecución al “otro”, al “distinto”, a quien no comulga con las artimañas del poder. El caso San Juan es un botón de muestra de esta década: el ambientalista Fernando Berdugo, por ejemplo, fue amenazado de muerte por investigar, por haber viajado desde Buenos Aires a Jáchal para tomar muestras en los ríos afectados; el gobernador Gioja, en tanto, amedrentó a periodistas y ambientalistas por revelar la contaminación.

En esta nueva era que inició el jueves pasado, los sanjuaninos esperan ver algo de claridad entre tanta agua turbia. En ese sentido, aguardan los resultados del 32% de los 9 mil análisis que incluyen los estudios de la ONU. El informe preliminar aclaró que las conclusiones estarán en los próximos días. 

Mientras, mañana comenzará el monitoreo dispuesto por el juez Pablo Oritja en el río Jáchal.

La causa

Por el derrame de cianuro de la Barrick Gold, la Justicia Federal imputó a seis exfuncionarios K; entre ellos, Jorge Mayoral, responsable del área minera del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de Julio De Vido. Además, hay nueve empleados de la Barrick acusados. La medida fue impuesta por el juez Pablo Oritja.

Pese a esto, el gobierno de José Luis Gioja continuó con su política pro-minera, al anunciar el inicio del proyecto de cobre Chita, en el departamento de Iglesia, una iniciativa que correrá por cuenta de la subsidiaria de la canadiense, Minsud Resources; a su vez, en una cínica paradoja, la denunciada Barrick Gold prevé la apertura de otro yacimiento de oro y plata.

“A tres meses del incidente, no hay información oficial”

El testimonio de los vecinos es un termómetro de la incertidumbre que hoy reina en los distritos sanjuaninos afectados por el derrame de septiembre pasado.

En esta línea, la integrante de la Asamblea Jáchal no se toca, Gisela Muñoz, consideró a Hoy que el reciente informe de la ONU revela que “la contaminación continúa latente; por otro lado, estamos en una desinformación total respecto de afluentes como los que dan al río Jáchal. A tres meses del incidente, hoy no sabemos en qué estado está nuestra agua”

En tanto, sentenció que, en todo este tiempo, “ni la Barrick Gold ni el gobierno saliente nos dieron respuestas o información certera sobre lo sucedido. Por esto, nosotros continuamos tomando agua embotellada, la que nos llega a través de diferentes donaciones, porque las autoridades no nos ofrecen nada”. 

En el mismo sentido, el periodista y ambientalista Domingo Jofré, le dijo a nuestro diario: “Nosotros no nos olvidamos que nos levantaron el primer corte en Veladero, que nos reprimieron, detuvieron a tres compañeras y les armaron una causa judicial por protestar contra la megaminería a cielo abierto”.

Conocedor de los medios, Jofré apuntó que “casi todo el periodismo, en San Juan, tiene una bajada de línea favorable al gobierno y se empecinan en ocultarnos, en decir que los ambientalistas desaparecimos, pero nosotros continuamos en pie de lucha”.