Crisis tucumana: los K amenazan con una intervención federal

Pasaron 26 días de las elecciones en la provincia norteña y la tensión política sigue en aumento. Los jueces explicaron los motivos de la anulación de los comicios.  
El PJ apeló el fallo y ahora la Cámara decide.
¿Se tucumanizará la elección presidencial?

La decisión de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán de anular las elecciones ocurridas en esa provincia el 23 de agosto pasado y convocar a una nueva jornada para elegir autoridades en todos los cargos, desató desesperación en las fuerzas oficiales, las que apelaron la medida y desde el gobierno nacional amenazan con una intervención de dos años.

El fallo en primera instancia se dio a conocer poco después de que la Junta Electoral Provincial terminara el escrutinio definitivo que indicó que el candidato kirchnerista Juan Manzur obtuvo el 51,64 por ciento de los votos contra el 39,94 por ciento para el radical José Cano. Pero las denuncias de fraude deslegitamon ese resultado.

Los jueces que declararon la invalidez de "la totalidad del proceso electoral”, explicaron que  fue por "la magnitud de las anomalías registradas". "El conjunto de elementos hasta aquí reseñados, su entidad, gravedad y trascendencia pública colocan al tribunal, irremediablemente, ante la ineludible obligación de invalidar la totalidad del proceso electoral celebrado en la provincia en fecha 23/08/2015”, se enuncia en el dictamen.

El tribunal resalta "el contexto de una elección marcada por episodios violentos en diversas localidades del interior, que decantaron en acciones que van desde intimaciones, agresiones y daños materiales, a sustracción y quema de urnas y disparos de armas de fuego".

A la vez, puntualiza que "se estructuró y aceitó un complejo y enorme aparato clientelar a la vista de toda la ciudadanía, documentado por los más diversos medios de difusión, por veedores foráneos (Observadores de la UNLP) e incluso –lo que es altamente significativo–, por las propios participantes de la contienda electoral".

Per saltun para adelantar los tiempos 

La reacción del Frente para la Victoria fue encaminar la presentación de un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras que el Partido Justicialista tucumano apeló ayer el fallo que anuló los comicios que tuvieron en esa provincia el pasado 23 de agosto.

El recurso de casación fue presentado por los apoderados del PJ ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia, que deberá resolver si ratifica o no su decisión de invalidar las elecciones.

En caso de aceptar el recurso, la Cámara deberá girar la apelación a la Corte Suprema de Tucumán, y si la rechaza, el PJ ya adelantó que irá en queja al máximo tribunal tucumano.

En paralelo a este trámite, el Frente para la Victoria tucumano se apresta a presentar un recurso de per saltum con el fin de que la nulidad de los comicios provinciales sea tratada directamente por la Corte Suprema de la Nación, mientras el gobernador, José Alperovich, admitió la posibilidad de una intervención federal.

Para el gobernador, que debe entregar el mando el 29 de octubre próximo, "la decisión de los jueces" camaristas Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek "fue por cuatro notas periodísticas" e insistió en que la sentencia supone "un atentado la voluntad popular de todos los tucumanos, de los que votaron para un lado o para otro".

Desde la Corte no tomarán el caso ahora

La Corte Suprema de Justicia de la Nación  no dará ningún paso para tomar ya mismo el caso de Tucumán. El debate judicial deberá agotarse, previamente, en la justicia tucumana, es decir, deberá esperarse un fallo del Superior Tribunal provincial.

Fuentes del máximo tribunal confiaron que los jueces tampoco están dispuestos a aceptar un eventual per saltum.

Los tiempos se acortan, porque mientras la oposición reclama que se cumpla con el fallo de la Cámara Contencioso Administrrativo y se llame a una nueva elección, el gobernador José Alperovich descartó esa opción y confirmó que el Gobierno apelará ente la Corte provincial.

Habrá recusaciones, recursos y otros trámites y, todo se sustanciará bajo la amenaza de la intervención federal, que debe ser adoptada por una ley del Congreso.