Cristina Kirchner, otra vez al banquillo por el direccionamiento en la obra pública

La Cámara Federal rechazó el pedido de la defensa de la expresidenta para anular su llamado a indagatoria en la causa que investiga irregularidades en las concesiones otorgadas al empresario Lázaro Báez

La Cámara Federal rechazó ayer el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner para anular su citación a declarar como acusada en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública de Santa Cruz durante su gobierno, por la que están imputados 16 exfuncionarios y empresarios.

La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa de la exjefa de Estado, que había pedido anular la convocatoria por considerarla arbitraria.

Los magistrados afirmaron que es una facultad “inapelable” y propia del juez de primera instancia formular una citación a indagatoria, por lo que ahora el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, deberá resolver la situación procesal de la exmandataria y del resto de los imputados, quienes ya fueron indagados. 

En la causa se investigan las anomalías en la concesión de las obras viales que recibió Lázaro Báez, también imputado.

“No soy amiga ni socia comercial de Báez”, se había defendido la expresidenta el pasado 31 de octubre ante el juez Ercolini. En esa ocasión, además, Cristina Kirchner insistió en que se hiciera un peritaje de toda la obra pública nacional y no solo sobre las otorgadas a Báez, quien recibió al menos US$ 2.200 millones de parte de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo. Además, pidió la nulidad de la acusación y del llamado a indagatoria del juez Ercolini. La exmandataria consideró que el expediente tiene un “único direccionamiento” sobre las obras viales que recibió Báez y por eso reclamó que se investigue “de manera completa, integral y centralizada toda la obra pública”.

Además de Cristina y Báez, también están acusados el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio de Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, preso por presunto enriquecimiento ilícito tras haber intentado ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

La causa

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, hubo un “plan criminal” por parte de Néstor y Cristina Kirchner, para favorecer a Lázaro Báez, que se instrumentó a través de funcionarios de confianza, a pesar de que el empresario no cumplió con las obras: solo terminó dos de las 49 que obtuvo pero cobró todas.

Los fiscales ampliaron la denuncia y se centraron en tres puntos fundamentales. En primer lugar, señalaron que el Presupuesto -tanto del gobierno de Néstor como de los de Cristina- se amplió para otorgar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mayores partidas de dinero y, en el caso de la provincia de Santa Cruz, para contratar al amigo y socio de Néstor y Cristina.

Pollicita y Mahiques también argumentaron que los fondos que recibían las empresas del Grupo Báez fueron reforzados por Decretos de Necesidad y Urgencia que fijaban reasignaciones presupuestarias. Los fiscales también explicaron que había una suma de dinero extra para las firmas del empresario K, que provenía de un impuesto al gasoil: por litro, cinco centavos iban al fideicomiso destinado a financiar obras públicas.

Para los funcionarios judiciales, además, hubo una “decisión en lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, quien paralelamente les garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”. Para poder hacer esta maniobra delictiva -aseguraron los fiscales- los Kirchner colocaron a personas de su extrema confianza en cargos claves del Ejecutivo y del Ministerio de Planificación Federal.

Stolbizer celebró la intervención de Los Sauces

La diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, denunciante en la causa Los Sauces, destacó ayer la decisión del juez Claudio Bonadio de ordenar la intervención de esa sociedad, como también la de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner, al considerar que son las medidas “que corresponden para no permitir que se sigan burlando de la Justicia”.

“El juez está preservando las pruebas y la investigación frente a todos los obstáculos y trampas que intentaban ponerle. El magistrado está tomando las decisiones correspondientes para evitar que continúe la burla hacia la Justicia”, opinó Stolbizer. 

En su resolución, Bonadio aseguró que detectó “irregularidades” en el funcionamiento de Los Sauces y en la sucesión del expresidente, que podrían haber redundado en “maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones juradas de la sociedad, falsificación de documentos públicos, entre otras". 

Por las sospechas de anomalías, el magistrado decidió intervenir por seis meses la sociedad y la sucesión, de cuya administración quedó apartado Máximo Kirchner.

La diputada recordó que la denuncia que realizó en la causa Los Sauces fue por los delitos de “adulteración de documentos públicos y el posible pago de coimas y lavado de dinero, usando como pantalla la sociedad constituida por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en 2006”, y reafirmó su voluntad de solicitar que la expresidenta sea llamada a declarar en la causa Los Sauces.