Cristóbal López y Ricardo Echegaray, muy complicados

El juez Ercolini dictó ayer la inhibición completa de bienes al zar del juego K. El extitular de la AFIP está acusado de “falta de control” al empresario 

La pérdida de poder por parte del kirchnerismo llevó a que una innumerable cantidad de exfuncionarios y empresarios ligados a su proyecto político cayeran en desgracia y comenzaran a transitar los pasillos de los Tribunales, con el fin de comenzar a dar explicaciones de los actos de corrupción cometidos durante la pasada década.

Ayer, el juez federal Julián Ercolini dictaminó la inhibición general de bienes del empresario kirchnerista Cristóbal López y su socio, Fabián de Souza, en la causa en donde se investigan irregularidades en la elusión en el pago de impuestos entre los años 2011 y 2015 por más de 8.000 millones de pesos.

Durante esos años, el Grupo Indalo, de López y De Souza, no abonó el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) a través de la compañía Oil Combustiles, por lo que no giró al Estado el 26% que cada empresa petrolera debe pagar en concepto de tributo por litro de nafta que se carga en los surtidores.

El juez dispuso así la inhibición general de bienes de López, De Sousa y las personas jurídicas del Grupo Indalo, en el que se incluyen empresas como Oil, La Salamandra e Ideas del Sur. Además, el magistrado solicitó medidas cautelares “a fin de resguardar el millonario crédito fiscal y evitar así la frustración de los derechos que corresponden” a la administración pública.

Bajo la lupa

Días atrás Ercolini había planteado que “hubo una excesiva laxitud” y “falta de control” en la AFIP, lo que derivó en esa deuda, y llamó a indagatoria a López, De Souza, el exdirector de la AFIP Ricardo Etchegaray, la mano derecha del exjefe del ente recaudador y exdirector de la Aduana, Guillermo Michel, y a otros 18 imputados.

Según el funcionario judicial, “hay una franja de trámites de control que no funcionó de manera regular. Luego, la aprobación de planes de pago y de repago por parte del administrador federal de ingresos públicos (Echegaray)”, lo que lo llevó a afirmar que “en las líneas de control hubo una excesiva laxitud. Falta de control, falta de exigencia y falta de intimación”.

Vale recordar que el diario Hoy, en absoluta soledad, fue uno de los pocos medios que contó todos los desbarajustes que desde el ente recaudador se cometían de la mano de Echegaray y su equipo de colaboradores para proteger a los empresarios amigos del poder K, entre ellos, el propio López.

Con esta nueva acción, Ercolini pone el eje en las maniobras turbias que se realizaron desde el gobierno kirchnerista para hacer grandes negocios al margen de la ley, y busca que dos de los máximos exponentes de la oscuridad K, como Cristóbal López y Echegaray, paguen sus cuentas ante la Justicia.

Complicaciones varias

Ricardo Echegaray no solo está emplazado en la Justicia por sus manejos favorables a  la expresidenta Cristina Kirchner en su corto paso por la Auditoría General de la Nación (AGN), sino que también debe dar cuenta de otra serie de desaguisados cometidos en la función pública.

Entre ellos figura la investigación en su contra de las facturas truchas que se hacían a través de una usina en la ciudad de Bahía Blanca, que favorecieron a un sinnúmero de empresas ligadas al kirchnerismo, entre ellas a Austral Construcciones del supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez.

Desde el diario Hoy relatamos en exclusiva cómo Echegaray buscó quedarse con la “maquinita de hacer dinero” con la compra fraudulenta de la ex-Ciccone Calcográfica antes que el exvicepresidente Amado Boudou, caso por el cual todavía debe responder ante la Justicia por un escandaloso plan de pago en cómodas cuotas, al margen de la ley que le otorgó a los testaferros del exnúmero dos de CFK.