Decreto

Declaran “servicios públicos” a la telefonía celular, internet y la TV por cable

La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, y las compañías no podrán aplicar aumentos en el futuro sin autorización previa.

Con un hilo de tuits, el Presidente de la Nación anunció ayer que mediante un DNU el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de internet y a la TV paga como servicios públicos y esenciales.

“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión paga. De esta manera, garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, anunció Fernández en las redes sociales.

La noticia implica un freno a los precios y la recuperación de las herramientas regulatorias, y en ese sentido remarcó que “también hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”.

“De esta manera, estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, indicó en su tercer mensaje, y cerró reflexionando que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.

La pandemia, que obligó a la población a aislarse por cinco meses, dejó al descubierto que servicios que hasta ese momento parecían suntuosos terminaron siendo esenciales para la educación y las relaciones de la población. Es por ese motivo que su recategorización resulta no solamente necesaria, sino justa.

La pregunta que flota en el aire en este momento es qué sucederá con otros servicios públicos como el agua, la electricidad y el gas, cuya distribución resulta mala, cara e insuficiente en gran parte del territorio nacional.

Se declara a la telefonía celular y fija, la prestación de internet y la TV paga como servicios públicos y esenciales.

Se congelan las tarifas hasta el 31 de diciembre y no podrán aumentar en el futuro sin la autorización del Estado.

El Estado recupera las he­­rramientas regulatorias.

La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comuni­cación son derechos básicos, por lo que habrá planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria.