Despidos y reestructuración en la Procuración del Tesoro

El Gobierno avanzó con una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro, que incluyó el despido de 60 trabajadores y la eliminación de áreas clave. La medida llega tras la filtración de información confidencial del juicio por la expropiación de YPF, uno de los litigios más delicados que enfrenta el país.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida como un plan de “eficiencia operativa” y “austeridad”, el recorte alcanzó no solo al personal, sino también a estructuras centrales.

Tras la reestructuración, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y se cerrará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que quedará con solo un tercio de su planta.

El conflicto estalló luego de conocerse que se habrían vendido documentos internos vinculados al juicio con el fondo Burford Capital. Aunque el Gobierno evitó dar precisiones, admiten que parte de la reestructuración apunta a cerrar áreas involucradas:

Cabe mencionar que, pese al escándalo de la supuesta filtración, el procurador Santiago Castro Videla continuará en su cargo. En cambio, el ajuste recae sobre mandos medios y administrativos.

La filtración no solo compromete la estrategia legal del país, sino que deja al descubierto la falta de controles internos en áreas sensibles. Ante esto, en lugar de fortalecer la defensa jurídica del Estado, el Gobierno responde eliminado áreas claves y despidiendo gente.