Dolor, cruces y promesas en una Provincia víctima de la inseguridad

La muerte de Thiago Correa, un niño de 7 años alcanzado por una bala policial en La Matanza, volvió a poner en primer plano el drama de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. El hecho, ocurrido durante un tiroteo entre un agente de la Policía Federal y cuatro delincuentes, derivó en una ola de declaraciones, acusaciones cruzadas y promesas que, lejos de llevar alivio, confirman la fragilidad del presente en la Provincia.

La palabra de Kicillof

Desde el Gobierno provincial, el mandatario Axel Kicillof lamentó lo ocurrido y habló de “una tragedia irreparable”. Acompañó a la familia y pidió el pronto esclarecimiento del caso. En paralelo, hizo un repaso de las medidas adoptadas en materia de seguridad en el territorio bonaerense, resaltando una mayor inversión, presencia estatal y políticas sociales. Sin embargo, reconoció que "falta mucho" y rechazó “frases marketineras” como solución mágica a problemas estructurales.

La postura del Gobierno nacional

En un tono muy distinto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cargó toda la responsabilidad en los delincuentes: “Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida”. En esa línea, anunció que buscará agravar las acusaciones contra los implicados y defendió el accionar policial.

La reacción de la ministra no cayó bien en la Provincia. Javier Alonso, titular de la cartera bonaerense, acusó a Bullrich de “caranchear” con el dolor ajeno y de usar el caso para hacer campaña. El ministro recordó que, según datos aportados por la propia Nación, los homicidios bajaron un 13%. Por otra parte, apuntó con dureza al gobierno de Javier Milei por no enviar fondos y dejar desfinanciadas a las fuerzas federales en el territorio.

Lo cierto es que, más allá de las cifras y los discursos políticos, la gente en la provincia de Buenos Aires no se siente segura. Thiago no es la primera víctima de la inseguridad y de la desidia de las autoridades, ni será el último si la reacción estatal sigue siendo parcial y descoordinada.

Las disputas entre gobiernos parecen estar destinadas a marcar territorio político, en lugar de dar respuestas concretas a una sociedad cada vez más golpeada.

En un clima de creciente tensión, con elecciones en el horizonte y el tejido social desgarrado, la seguridad no puede seguir siendo moneda de cambio ni espectáculo mediático. Las balas, cuando llegan, no distinguen colores partidarios.