El 50% de las causas penales de la Provincia quedan impunes

La mitad de los 700.000 procesos judiciales investigados en territorio bonaerense en el último lustro quedaron sin resolución ni sentencia. Solo un poco más del 2% de los casos ingresados terminan en juicio oral 

En medio de los fuertes reclamos por la inseguridad que asola a la sociedad, un estudio efectuado por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires muestra que de las 700.000 causas penales ingresadas en los últimos cinco años en Tribunales bonaerenses, la mitad queda impune y sin sentencia definitiva.

La realidad expresada en los números muestra el estado real en que se encuentran los Tribunales en territorio provincial y lo vetusto de un sistema penal que no brinda las condiciones necesarias para dar respuestas a los reclamos de la ciudadanía, que pide por un mejoramiento generalizado del Poder Judicial.

De acuerdo a los datos proporcionados por la organización judicial, en el 50 por ciento de los procesos judiciales “no se logra determinar al autor” y en aquellas en donde sí se individualiza al sospechoso del delito “solo un pequeño número se presenta ante los Tribunales”.

El documento presentado por los magistrados deja al descubierto una realidad complicada, que lleva a que del total de las causas que transcurren con normalidad su curso legal, solo el 2,5 por ciento termina en manos de un juez o un tribunal oral, ya que el resto se resuelve por otros métodos extrajudiciales que no son observados ni informados a los jueces, alargando aún más los tiempos de la Justicia.

Para la agrupación que reúne a los magistrados bonaerenses, “la reforma procesal promueve la intervenciones de las víctimas que ya están previstas en ley vigente, cuando debieran diseñarse dispositivos eficaces para éxito de las investigaciones y no para molestia constante del ciudadano, la revictimización”.

Posición crítica

Esta preocupante situación se suma a que en ocho de cada diez casos, los abogados defensores (públicos o privados) no presentan absolutamente ninguna prueba en defensa de su cliente o representado, y que en siete de cada diez casos los defensores no presentan ningún recurso contra las medidas tomadas por la fiscalía o el juez, ralentizando el accionar de los funcionarios judiciales.

La posición pública de los magistrados se da en momentos que desde Tribunales se critica el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que viene impulsando el gobierno provincial en la Legislatura, que promueve la participación más activa y efectiva de la víctima en los hechos, algo que para los jueces ya está contemplado en el sistema.

El organismo que presiden el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, Gustavo Herbel, y la jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Trenque Lauquen, Adriana Nanni, sostiene en este punto que “multiplicar audiencias con la víctima en todo el proceso, como proyecta la reforma, dilata plazos y no soluciona la inseguridad, que si requiere políticas de Estado y modificaciones profundas de las fuerzas policiales”.

Según los jueces que componen esta Red, “el acuciante problema de la seguridad es fundamentalmente de competencia policial y, por lo tanto, constituye una cuestión ajena al sistema judicial, que reclama depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad, así como también la implementación de la Policía Judicial”.

El no cumplimiento de las normas administrativas hace que se acelere la impunidad e impide que la Justicia trabaje con normalidad, conduciéndola sin rumbo directamente hacia un callejón sin salida.