El ajuste de Milei asfixia a las provincias

"El ahogo financiero a las provincias es histórico, y la Provincia de Buenos Aires lo sufre doblemente”, alertó en el día de ayer el Ministerio de Economía bonaerense con datos duros y gráficos oficiales que evidencian un esquema de distribución regresivo y centralista. En lo que va de 2025, las provincias argentinas recibieron apenas $39.600 por habitante en concepto de transferencias no automáticas del Gobierno nacional, cuando el promedio de los últimos diez años era de $108.067. La caída, del 63%, refleja una decisión política deliberada de recorte a los recursos que sostienen el funcionamiento de los Estados subnacionales.

La situación de la Provincia de Buenos Aires es aún más grave. La jurisdicción que más aporta a la economía nacional recibió en los primeros siete meses del año tan solo $6.793 por habitante en transferencias discrecionales. Se trata de una caída del 91% respecto al promedio 2013-2023, y de la cifra más baja entre todas las provincias. “La PBA es aportante neta de recursos al conjunto de la Nación y, sin embargo, es doblemente perjudicada”, denunció la cartera económica provincial.

Los informes arrojados este viernes son contundentes. La Provincia representa el 37,9% del aporte a la recaudación nacional, pero apenas recibe el 6,8% de los recursos asignados. En cambio, el Estado nacional se queda con el 70% de los fondos recaudados, mientras el resto de las provincias accede al 23,2%.

“El Gobierno nacional no respeta los mandatos básicos del federalismo y desfinancia alevosamente a las provincias, y muy especialmente al corazón productivo del país”, subraya el informe bonaerense. Además, detalla que la Provincia de Buenos Aires padece una estructura de coparticipación desventajosa: recibe un coeficiente menor al que le correspondería por su nivel de población, actividad y necesidad de infraestructura.

Este escenario pone en jaque la capacidad de funcionamiento de los gobiernos provinciales y alimenta la crisis social en sus territorios. La falta de obra pública, el deterioro de los servicios esenciales y la paralización de programas productivos son consecuencias visibles del ajuste decidido desde Casa Rosada. Mientras tanto, se consolida un modelo donde las decisiones y los recursos quedan concentrados en el poder central, a costa del interior.