El fiscal Cartasegna podría ser suspendido de manera extraordinaria

La Suprema Corte evalúa una “licencia compulsiva” para el funcionario judicial. En tanto, esta semana, a partir de una reunión entre Julio Conte Grand y Héctor Vogliolo, se definirá el reordenamiento de las UFI de La Plata

En los próximos días el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y el fiscal General, Héctor Vogliolo, mantendrán una reunión clave para comenzar a delinear los trabajos en las distintas fiscalías del Departamento Judicial de La Plata y reordenar las distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI).

El encuentro tendrá como tema principal de debate el efecto que produjo la disolución de la Fiscalía 4 y la acusación de su extitular, Fernando Cartasegna, quien se encuentra de licencia psiquiátrica, internado en una clínica de Barrio Norte.

Fuentes judiciales le informaron a diario  Hoy que, tras la imputación al funcionario judicial por presuntas y serias irregularidades durante su función, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia está evaluando una “licencia compulsiva” que, de concretarse en los próximos días, separará de su cargo a Cartasegna hasta tanto el tribunal de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados resuelva los pasos a seguir.

Como informó este medio, el último día antes de la feria, el procurador Conte Grand firmó la acusación del fiscal ante la Secretaría de Jury, cuyo titular ya envió la notificación a las autoridades de la UFI nº 4. En este marco, está previsto que, una vez que termine la feria judicial, se lleve a cabo el sorteo para determinar quiénes serán los diputados, senadores y conjueces  encargados de evaluar la denuncia a Cartasegna. 

Sin embargo, al tratarse de un proceso lento, hasta llegar a un apartamiento pre­ventivo del fiscal el máximo tribunal tiene la potestad para intervenir y, consecuentemente, separar a Cartasegna de una forma más rápida, mediante la “licencia compulsiva”.

Extensa auditoría

En los últimos días dos instructores de la Procuración General comenzaron a trabajar en la elaboración de un inventario sobre lo existente en todas las causas que están a cargo de la Fiscalía 4. Toda esa información luego será volcada en una auditoría que se sumará a la que ya realizó semanas atrás el fiscal a cargo de la UFI nº 11, Álvaro Garganta.

Justamente, una eventual suspensión por parte de la Suprema Corte bonaerese a Cartasegna habilitará a Garganta y a la fiscal Ana Medina a fijar fechas de indagatoria para que el acusado explique las irregularidades de las que se lo acusa y continuar, en paralelo, con el proceso penal en su contra. 

Garganta tiene en la mira a Cartasegna por los presuntos delitos de “violación de medios de prueba, incumplimiento de promover la persecución y represión e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y, además,  por “falsedad ideológica de instrumento público” en 16 casos, en los que se simulaban presuntas investigaciones que no tenían personas reales constituidas como víctimas de los delitos.

Según las declaraciones de los propios empleados de los gabinetes de Trata y Pedofilia, muchos expedientes que supieron estar a cargo de Cartasegna estaban en blanco y sin rotular. Además remarcaron otro tipo de irregularidades, como el hecho de que había dinero suelto o en paquetes en los estantes de la fiscalía, pero cuando  esas  causas eran elevadas a juicio esa plata no aparecía, así como tampoco armas y celulares, elementos claves de las investigaciones.

A esto se le suma que , según detalló Garganta, entre otras irregularidades, el fiscal investigado no acató la orden del juez Guillermo Atencio para secuestrar elementos informáticos relacionados a la distribución  de pornografía infantil en un domicilio de La Plata.

Según explicó una letrada ante el fiscal Marcelo Romero y tal como publicó en exclusiva este medio, “la operatoria del fiscal era que en los allanamientos en los domicilios de los imputados donde se incautaba dinero, los encargados del mismo eran Leandro Milone, (y los auxiliares letrados) Santiago Stefanizzi y Juan Manuel Valdez, mientras que yo iba a la casa de las víctimas; por eso me utilizaban para blanquear la operación que armaban”. 

La misma letrada señaló que “Cartasegna se maneja en un entorno muy pesado, conoce gente de las barras bravas de Estudiantes y Gimnasia, además se maneja con muchos policías”. También detalló los maltratos a Rosa Bru por parte del por entonces jefe, cuando ésta iba a averiguar por la causa que investigaba la desaparición del cuerpo de su hijo, Miguel Bru, el estudiante de Periodismo de La Plata.

Por su parte, Medina quiere indagar a Cartasegna ya que los panfletos que aparecieron a fines de mayo en el edificio judicial con amenazas,  de acuerdo a las pericias, fueron impresos en la UFI nº 4. Tanto Medina como la fiscal Betina Lacki consideraron que Cartasegna no puede desconocer que los papeles con la inscripción “conozca al próximo Nisman” salieron de una impresora de su despacho. Por ello, una vez que Cartasegna declare ante Garganta, luego tendrá que someterse al interrogatorio de las titulares de las UFI nº 1 y 2.

La disolución de la UFI nº 4

En este marco de extensas irregularidades, fuentes judiciales han confirmado que la UFI nº 4 no volverá a funcionar como tal. Al quedar vacante la especialización en Trata y Pedofilia, la Justicia podría crear una nueva fiscalía, pero sería la 15. Para llevarse a cabo tal medida, el fiscal General, Héctor Vogliolo, lo hará mediante una resolución. Por su parte, el Consejo de la Magistratura sería el organismo encargado de tomar examen al postulante para ser designado como el titular de la UFI nº 15.

Similitudes con  el caso Julio Novo

En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia bonaerense le otorgó al por entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, una licencia extraordinaria. El funcionario fue acusado por el fiscal Luis Angelini de haber entorpecido la investigación del Triple Crimen del Unicenter ocurrido en julio de 2008, y de la muerte de otra persona oriunda de Colombia en San Fernando en febrero de 2009.

Esa medida le permitió a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesarlo por encubrimiento agravado y otros delitos, medida que fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín. La maniobra había apuntado a proteger una red internacional de narcotraficantes en la que participaron los hermanos Juliá, hoy presos en España.