El Gobierno denunció espionaje por la filtración de audios de Karina Milei
Tras la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, el oficialismo presentó una denuncia en la Justicia Federal y habla de una “maniobra golpista” destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral.
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El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una presunta operación de inteligencia ilegal luego de que se conocieran grabaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La presentación fue anunciada por el vocero Manuel Adorni, quien aseguró que se trata de un intento deliberado por condicionar al Poder Ejecutivo en el marco de la campaña electoral.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, que luego fueron manipuladas y difundidas para presionar al Gobierno. No fue una filtración: fue un ataque planificado y dirigido”, sostuvo Adorni en sus redes sociales. La denuncia se da en un contexto en el que, según fuentes oficiales, existirían más registros en los que se involucra a ministros de primera línea.
El escándalo se desató el viernes pasado, cuando comenzaron a circular audios de la hermana presidencial difundidos por el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. En esas grabaciones, Milei no hace referencia a la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque desde el oficialismo aseguran que lo publicado es solo “la punta del iceberg” de nuevas filtraciones. En uno de los pasajes se la escucha decir: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.
Preocupación en la Casa Rosada
Dentro del Gobierno, la difusión de las conversaciones generó un fuerte malestar y encendió alarmas por la posibilidad de que se hayan registrado de manera clandestina diálogos de otros funcionarios. “Si lo hicieron con la persona de mayor importancia después del Presidente, imaginate con el resto”, advirtió una fuente oficial.
La situación provocó reuniones de urgencia en Casa Rosada, en las que participaron Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y representantes legales de La Libertad Avanza. Allí se definieron los pasos judiciales y políticos a seguir, con el objetivo de blindar al Ejecutivo frente a posibles nuevas filtraciones.
La denuncia formal
El Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich, fue el encargado de formalizar la denuncia penal. El escrito, firmado por el director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, sostiene que se trata de “una operación de inteligencia prohibida por la Ley 25.520” y califica las grabaciones como un mecanismo de extorsión política y mediática.
Según el documento, la maniobra busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, generar alarma, desinformar y desestabilizar los indicadores de la política económica, con el fin de condicionar el proceso electoral legislativo”.
Con el avance de la investigación judicial, el Gobierno se prepara para enfrentar nuevas filtraciones que —aseguran— forman parte de una estrategia coordinada para golpear a la administración nacional en un momento clave.