El Gobierno oficializó la quita de subsidios a la luz y el gas

El Gobierno nacional oficializó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para electricidad y gas, una medida que marca un recorte en la cantidad de beneficiarios y endurece las condiciones de acceso. El Decreto 943/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, elimina la segmentación en tres niveles de ingresos que regía desde 2022 y establece una única categoría de hogares que acrediten necesidad real de asistencia para cubrir el consumo básico. La decisión se vincula con el compromiso asumido ante el FMI y con la consulta pública realizada en diciembre. El nuevo régimen establece que solo podrán acceder al subsidio los hogares cuyo ingreso familiar mensual no supere los $3.771.987. Ese monto equivale a tres veces el valor de la Canasta Básica Total para un hogar tipo de cuatro integrantes, según el cálculo oficial del Indec. También se mantiene el acceso para quienes cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP o pensión vitalicia a veteranos de Malvinas. En el caso de personas con Certificado Único de Discapacidad, la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia, lo que abre un margen de discrecionalidad.

Registro y controles más estrictos

El decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al RASE. Los inscriptos no deberán reinscribirse, aunque sí actualizar sus datos. El organismo podrá utilizar cruces de información patrimonial para excluir beneficiarios, lo que anticipa un control más severo y posibles conflictos por rechazos.

Consumos limitados y eliminación de programas

En electricidad se fijan dos bloques de consumo subsidiado: 300 kWh en meses de mayor demanda y 150 kWh en meses de menor consumo, lo que implica una bonificación general del 50% sobre el consumo base. Para gas natural se mantienen los bloques vigentes y se extienden al propano por redes. En 2026 se prevé una bonificación extraordinaria de hasta 25% sobre el consumo base, con reducción progresiva durante el año.

El decreto también elimina la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la migración de beneficiarios del Programa Hogar al SEF en un plazo de seis meses. La Secretaría de Energía y Anses deberán definir consumos en cantidad de garrafas según zona y convivientes, y establecer mecanismos de pago que incluyan descuentos o reintegros.

La medida concentra la asistencia en un esquema único, pero al mismo tiempo reduce la cobertura y endurece los requisitos. El recorte de beneficiarios y la limitación de consumos generan interrogantes sobre el impacto social en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo. Analistas advierten que la focalización puede derivar en exclusiones injustas y tensiones políticas, ya que el nuevo sistema traslada mayor responsabilidad a los hogares para acreditar su situación y deja al organismo un margen amplio de discrecionalidad. El debate sobre la sostenibilidad fiscal se cruza así con la discusión sobre equidad social, en un escenario de creciente malestar por el costo de los servicios públicos.