El Gobierno denunció penalmente a Marcelo D’Alessandro
El funcionario porteño está acusado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros
En la jornada de ayer, el Gobierno nacional denunció penalmente al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otras cosas. El impulso de la medida fue luego de la filtración de chats con miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La noticia se dio a conocer mediante un comunicado enviado por fuentes oficiales de Presidencia, en donde también se expresó que “los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.
Al mismo tiempo se adjuntó el documento de la intimación completa, la cual lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Allí se especifica que es imperioso investigar los presuntos hechos de corrupción que vincularían a D’Alessandro con la contratación, en nombre del gobierno de la Ciudad, del servicio de grúas de remolque de la empresa Dakota, entre otras cosas.
“La empresa fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de CABA hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, se detalla en el texto.
En ese sentido, se menciona la posible existencia de “un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante”, el empresario que maneja dicho negocio en el país.
Por otro lado, en la denuncia se exige el secuestro del celular del ministro con el fin de que se realice una “pericia informática” en el marco de las filtraciones de chats que lo involucraron en un viaje a Lago Escondido con jueces y empresarios de Clarín, además de su conexión con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte.
Dicho escándalo fue el que lo llevó a tomarse una licencia del cargo que ocupa actualmente, y además derivó en el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, solicitud que fue impulsada por el Presidente Alberto Fernández junto al apoyo de 11 gobernadores.
Asimismo, se pidió la habilitación de la feria judicial “para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes”.