El Gobierno libertario acelera la privatización de AySA

El Gobierno nacional aprobó el plan de transición de AySA que sienta las bases para su privatización en 2026. La medida quedó oficializada este lunes a través de la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, que convalida un documento de más de 100 páginas. Allí se establece que el objetivo es “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio” y preparar las “condiciones operativas adecuadas” para garantizar su sustentabilidad.

AySA, incluida como empresa sujeta a privatización en la Ley Bases, opera en 27 distritos —incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano— donde viven más de 15 millones de personas. Solo en 2023, abasteció de agua potable a 11,3 millones de habitantes y brindó servicios de cloacas a unos 9,4 millones.

Desde diciembre, la gestión libertaria inició un proceso de reestructuración que implicó despidos, recortes de obra pública y aumentos tarifarios. De las 299 obras en marcha a fines del año pasado, apenas 36 continúan, mientras se avanza en la rescisión de otras 56. Al mismo tiempo, más de 200 trabajadores fueron despedidos. Según el Observatorio de Tarifas y Servicios del IIEP, entre diciembre de 2023 y junio de 2025 las tarifas subieron un 343%.

La privatización de AySA se suma a otras avanzadas, como los 9 mil kilómetros de rutas nacionales. En ambos casos, el Estado se retira de sectores estratégicos bajo la promesa de eficiencia, mientras millones de ciudadanos quedan a merced de un mercado que poco parece interesarle el bienestar social.