El nuevo capítulo del tarifazo

Cuando todavía no se asimiló el impacto real del ajuste iniciado este año, el gobierno planea más aumentos para 2017. Representantes empresariales, del comercio y la industria advierten a Hoy sobre el riesgo que corren las fuentes laborales ante la suba de los costos. Además, consumidores llevarán su reclamo a la Justicia

Cuando todavía ni siquiera se digirió el impacto en el tarifazo de todos los servicios públicos (500% en el agua; 330% en la luz, 235% en el gas y 100% en el transporte, por sólo citar algunos), el gobierno deslizó que todavía hay “atraso tarifario” y que, por ello, el año próximo implementará nuevos incrementos, “aunque en un porcentaje más acotado” que los dispuestos para el primer semestre de 2016.

Según dejó trascender una fuente oficial, “este año no habrá más aumentos”, pero sí en 2017, anuncio que causó malestar en sectores empresariales, industriales y consumidores, quienes llevarán sus reclamos a la Justicia (ver página 7).

Así, este trascendido coincide con lo expresado días atrás por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, cuando indicó que no habría nuevos aumentos de tarifas durante 2016; pero contradice lo expresado por el titular de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien aseguró lo contrario en un almuerzo ante empresarios: “Vendrá la RTI [Revisión Tarifaria Integral] y allí se habla de plan de obras y de nuevo cuadro tarifario”, afirmó el ex presidente de Shell, quien además agregó que “a la electricidad le falta subir 94%”. Es decir que para el funcionario deberían duplicarse los valores actuales en las tarifas de luz.

Para el vicepresidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Norberto Sánchez, “es todo una locura. Se están apurando demasiado. Nadie imaginaba que podía ocurrir este ajuste, tan rápido, tendrían que haberlo hecho más gradualmente”, se quejó, en diálogo con Hoy.

“Esperemos que este cimbronazo se arregle pronto, porque es un golpe muy duro para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes), la industria, los comerciantes. ¿Cómo hacen los empresarios para mantener el empleo, para no echar gente, si la inflación, con estos aumentos, se dispara cada vez más?”, se preguntó Sánchez.

Y es que el gobierno nacional se empecina en salir de la peor manera de la herencia K, realizando una quita generalizada de subsidios sin contemplar los daños colaterales de la medida.

De hecho, las principales cámaras empresarias alertaron ayer sobre la pérdida de puestos de trabajo. En este sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que ya son más de 120.000 los despedidos en lo que va del año (Ver aparte).

En este contexto, Sánchez, quien además es miembro de un club de barrio local, ejemplificó con el caso de las entidades con fines sociales como la que él integra: “Imagínese lo que significa pagar cuatro veces la electricidad, el gas, el agua. Por eso pedimos subsidios para los clubes de barrio, para poder afrontar los tarifazos. Uno puede pensar en trasladar estos costos a los precios o cuotas, pero la realidad es que la gente tiene cada vez menos poder adquisitivo. Estamos ante una encrucijada muy difícil: porque si aumentamos, la gente no puede pagar y quebramos; y si no aumentamos, trabajamos a pérdida”, concluyó.

Alertan por más de 120 mil despidos en las Pymes

Las principales cámaras empresarias salieron a alertar ayer sobre la pérdida de puestos de trabajo. Por caso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que ya son más de 120.000 los puestos de trabajo perdidos en lo que va del año, al tiempo que cuestionó la política económica y las altas tasas de referencia del Banco Central.

“Hay empresas que no pueden resistir un ajuste tarifario brusco como el que se hizo. Entendemos que la energía es un recurso escaso y el ajuste era necesario, pero se hizo en forma brutal, sin gradualismo, dejando a muchísimas empresas mal paradas”, criticó la CAME, y añadió que “los empresarios enfrentan una presión fiscal inédita, que asfixia y desincentiva a todo”.

También, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) advirtió que el ajuste tarifario “se viene aplicando en forma muy dura y eleva los costos de las Pymes a la estratósfera”.

“Más de 120.000 despidos […] obligan a buscar alternativas para detener el flagelo en el sector público y privado, que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas”, alertó la CAME, que también rechazó la ley de la oposición que pide la doble indemnización en caso de despidos: “En estas condiciones, implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las Pymes, llevando al cierre definitivo de muchas de ellas”.

“Resulta imposible absorber todos los aumentos de golpe”

“Mi fábrica pasó de pagar $260 mil de luz en todo el 2015 a $311 mil sólo en el primer trimestre de 2016”, ejemplificó a Hoy el empresario textil Marcelo Fernández, titular de la compañía de cierres Lynsa, y advirtió que estos costos los tuvo que asumir “con un 20% menos de producción”.

Consultado por los nuevos incrementos que prevé el gobierno para el año que viene, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) consideró como “un despropósito” la decisión: “Creo que habría que diferenciar la tarifa para la producción, porque una fábrica necesita luz para producir y se hace imposible absorber estos incrementos de golpe”, alertó, al tiempo que explicó que “en un contexto de retracción económica, con subas en los precios de todos los insumos, mantener el empleo requiere mucho esfuerzo”.

 “No tenemos financiación al capital de trabajo, las tasas de interés son impagables. A nosotros nos costó muchísimo capacitar la mano de obra, por lo que estamos haciendo lo imposible para mantener la fuente de trabajo. Es más, algunos sectores no pagan las contribuciones para poder financiarse, lo que nos genera una deuda importante con la AFIP que tiene pocos planes y tasas de interés muy altas para las Pymes”, aseveró.

“Se hace difícil sobrevivir”

Para el gerente de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, Diego Piancazzo, que el gobierno nacional ya piense en nuevos ajustes tarifarios, cuando todavía algunos comerciantes, pequeños empresarios y consumidores no asimilaron los aumentos registrados en la primera parte del año, parece una burla: “¿Cómo pensar en nuevos aumentos? Antes nos tenemos que estabilizar este año; si el 2017 es igual a estos meses de 2016 va a ser un gran problema. Los mercados no se mueven, la economía está paralizada, son días muy difíciles”, le dijo a Hoy Piancazzo, e identificó como una “contradicción” que el gobierno hable de incrementos para el año que viene, cuando por otro lado “habla de reducir la inflación. ¿Qué relato creemos?”, se preguntó.

Los aumentos en servicios como la luz, el gas, el transporte, los combustibles, aseguró Pianzazzo, se traducen a la industria, al comercio, a los supermercados, “haciendo que los productos lleguen a incrementos de hasta el 60%”.

“Nos resulta muy difícil enfrentar esta situación, uno ve que tiene que empezar a recortar gastos. En el caso de las industrias, para no tener que echar personal, se acuerda bajar la carga horaria y esto trae protestas de parte de los empleados, pero de otro modo no podemos sobrevivir”, explicó el referente comercial, y precisó que “cada sector se las ingenia para achicar gastos y evitar los despidos”.

“Llevaremos nuestro reclamo a la Justicia”

Por Héctor Polino (Presidente de Consumidores Libres)
Especial para Hoy

Estos aumentos seguramente son para tranquilizar a las empresas prestatarias de servicios públicos, pero alarman al resto.

Porque, ¿quién determina el costo de un kilovatio/hora o de un metro cúbico de gas natural? Claramente, el gobierno autoriza los incrementos tarifarios en función de los datos que le aportan las empresas. Acá no se ha hecho un estudio previo sobre el valor de la tarifa integral; por esto, a través de Consumidores Libres, vamos a realizar una presentación en la Justicia, porque no se hizo esta revisión ni se convocó a una audiencia pública, como debió haberse hecho.

Entendemos que este es un tarifazo sobre la base de reclamos empresarios, sin ningún tipo de análisis, sin saber si realmente corresponden esos aumentos en función de una ganancia razonable o en relación a las inversiones que debieran emprender las empresas. Hay que tener en cuenta que se trata de servicios públicos esenciales, que tienen que llegar a todos los sectores, independientemente de sus niveles de ingreso. En consecuencia, el Estado no puede alegremente autorizar aumentos sin antes hacer una revisión tarifaria integral.

Más grave aún es que, estando en el 2016, cuando todavía no dimensionamos el impacto total del ajuste, ya se hable de aumentos para el año próximo, de nuevos golpes al bolsillo de los consumidores, que son quienes finalmente terminan pagando los aumentos en la canasta básica.

Un ajuste que pone en jaque a la Educación

No sólo las Pymes, la industria y los consumidores sufren el tarifazo. Sino que también la Educación fue puesta en jaque.

Es que, ante “el sideral incremento” en el costo de la energía eléctrica, la Facultad de Ingeniería de la UNLP anunció en un comunicado que racionalizará su uso y recomendó a la comunidad educativa “una serie de medidas para disminuir el gasto”.

De acuerdo a datos de la Facultad, la aplicación de la tarifa plena provocó para la institución “un incremento del 400% en el costo operativo. La facturación aumentó de $ 60.000 en marzo de 2015 a $250.000 en marzo de este año. Esta suba, anualizada, impacta fuertemente sobre el presupuesto acordado durante el año 2015 para el ciclo lectivo 2016/2017 ya que se había presupuestado un incremento del 35%”, informó el decanato.

Esta preocupación se enmarca dentro de los reclamos planteados desde diferentes sectores de la comunidad académica por el impacto del ajuste en el sistema universitario y los mismos se hicieron escuchar días atrás en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
-el cuerpo que reúne a los rectores de todo el país– realizado en la Universidad Nacional de Avellaneda.

Particularmente en Ingeniería, y teniendo en cuenta que un tercio de su presupuesto se destina al pago de servicios, se instalará en la subestación eléctrica del Departamento de Electrotecnia un sistema de “Medición tele-supervisado”, que permitirá llevar un registro del consumo y concentrar la información de todos los medidores en tiempo real.

Entre otras recomendaciones, la casa de altos estudios solicitó “encender la iluminación cuando sea requerida y en presencia de habitantes en el recinto”; racionalizar los usos de aires acondicionados; y “desconectar todos los equipos que consumen energía cuando se encuentran en el modo standby”.

Además, la Facultad analiza la incorporación de un sistema para controlar automáticamente la iluminación y otros consumos en laboratorios y aulas.