El Senado aprobó la prórroga del régimen de biocombustibles y convirtió en ley la refinanciación de las deudas de las provincias con Anses

El Senado aprobó hoy por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados la prórroga por cuatro años del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, que prevé beneficios impositivos para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.

El régimen caduca en mayo de 2021 y su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 fue considerada "clave" por todas las bancadas políticas para orientar las inversiones que podrá hacer el sector, denominado como la industria "verde", en medio de la crisis económica y social por la pandemia de coronavirus.

Durante la sesión especial del Senado, el presidente de la comisión de Minería y Combustibles, el oficialista José Uñac, argumentó que si no se prorrogaba la norma "se tiraban por la borda 15 años de esfuerzos de la industria" y adelantó que se trabajará para actualizar la ley.

El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.

También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado 'Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil' así como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.

Deudas provinciales

Por otro lado, la Cámara convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del tesoro nacional.

La iniciativa -que de esta forma se convierte en ley porque ya contaba con sanción de la Cámara de Diputados- establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras cuestiones.

Etiquetado de alimentos

Más temprano, el Senado aprobó por amplia mayoría y giró a Diputados el proyecto de ley sobre Etiquetado de Alimentos, que fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

La discusión parlamentaria se extendió por tres horas y el proyecto, que obtuvo 64 votos a favor y tres en contra, fue apoyado mayoritariamente, por oficialistas y opositores.

El proyecto busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas.

¿Qué es la Ley de Etiquetado de Alimentos?

- La ley establece la colocación de un sello de advertencia en forma de octógonos de color negro en el frente del producto. El tamaño no podrá ser inferior al 5 por ciento de la superficie de la etiqueta principal ni podrá estar cubierto por otro elemento.

- Según el proyecto, los alimentos y bebidas sin alcohol "en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos de acuerdo a la presente ley", deberán incluir el sello de advertencia.

- Los valores máximos de calorías, azúcares totales, grasas saturadas y sodio deberán cumplir con el límite establecido por la Organización Panamericana de la Salud.

- Quedan exceptuados el azúcar, los aceites vegetales y los frutos secos.

- En caso de que contenga edulcorante, se deberá aclarar: "Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as", debajo del sello.

- Prohíbe toda forma de publicidad de productos que contengan al menos un nutriente crítico en exceso.

- Prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, premios y participación en concursos, y demás incentivos que fomenten el consumo del producto.

- "Sugiere" la prohibición de comercialización, expendio y promoción de los alimentos y bebidas que contengan el sello.

- El objetivo de la Ley de Etiquetado de Alimentos es "garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y las bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y de los consumidores".