Entrega de comida: el Gobierno se contradice

El Ministerio de Capital Humano publicó un informe alimentario y prometió “fortalecer” el envío de alimentos a comedores populares. Mientras tanto, apeló en la causa judicial y se niega a entregar la comida retenida.

El Ministerio de Capital Humano anunció que incrementará la asistencia a comedores, a pesar de continuar con casi 5.000 kilos de alimentos guardados a pronto de vencer.

Mediante un informe publicado este fin de semana, la cartera, cuya titular es Sandra Pettovello, aseguró que asiste con “programas alimentarios a 4834 comedores, merenderos y puntos de entrega”. En esta misma línea, indicó que hubo “un incremento 137,5% (desde diciembre del 2023 hasta agosto del 2024) de la Tarjeta Alimentar, que pasó de 22.000 pesos a 52.250 pesos”. A su vez, el Ministerio sostuvo que en diciembre de 2023, “entre la AUH y la Tarjeta Alimentar se cubría el 49,5% de la canasta básica alimentaria”, mientras que actualmente “estas prestaciones cubren el 87%”. “Alcanzamos a 3.803.356 chicos de 0 a 14 años”, precisó Capital Humano.

En paralelo, la dependencia del Gobierno nacional informó además que está en proceso de “fortalecer” la asistencia a los comedores y “sumar nuevos”, siempre que pueda “identificar que realmente existen”.

El escrito se dio a conocer luego de que la cartera fuera allanada el jueves pasado tras la orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a repartir los casi cinco mil kilos de comida retenidos en galpones. Se trata de una medida dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 y solicita la entrega de todo material que contenga información sobre la logística, stock y fechas de distribución de los alimentos.

La medida cautelar cuenta con el aval de ocho jueces federales de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación, pero el Ministerio de Capital Humano ha elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) su rechazo a través de un recurso de queja.

La causa se inició por una denuncia penal que el dirigente social Juan Grabois presentó contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios.

En el fuero Contencioso Administrativo, ya dos jueces federales le han ordenado al Ministerio que cumpla con los convenios internacionales, que dictan el abastecimiento a los comedores comunitarios que forman parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

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