Espionaje ilegal: Juan Pablo Medina fue aceptado como querellante

Se suma un nuevo capítulo a la trama del espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, que involucra directamente a sus cabezas, Mauricio Macri a nivel nacional y a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente sindical de la Uocra La Plata, Juan Pablo “El Pata” Medina, fue aceptado en las últimas horas como querellante en la causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, por espionaje ilegal.

El diario Hoy conversó al respecto con su representante legal, el abogado César Albarracín, quien detalló: “Con respecto a la resolución, tiene que ver con una convicción que teníamos desde hace mucho tiempo, en el sentido de que las distintas causas contra Juan Pablo Medina habían sido originadas a través de tareas ile­gítimas de los servicios de inteligencia”.

Como parte de un plan sistemático de espionaje, el letrado aseguró que estas tareas eran “resultantes de distintas órdenes políticas del Gobierno nacional y el provincial”.

Además agregó: “Esto nosotros lo teníamos de alguna manera como intuición, pero además con algunos datos concretos que contábamos ya desde hace tiempo, con un puntapié inicial de lo que fue una publicación del periodista (Hugo) Alconada Mon en un libro, La raíz de todos los males”.

Albarracín contó que en esa publicación, Alconada Mon “relata que existió una reunión que encabezó la exgobernadora (María Eugenia) Vidal en la sede del Banco Provincia de Capital Federal, donde juntó a empresarios, a algunos referentes políticos del PRO y a distintos agentes de inteligencia para organizar la em­bestida judicial contra Juan Pablo Medina”.

Además, el abogado aseguró que a partir de allí ellos comenzaron a aunar cabos para saber de dónde llegaban estas denuncias. “Esto está escrito por este periodista y a partir de eso nosotros comenzamos a reconstruir distintas constancias que estaban en los expedientes, que llamaban la atención”, sostuvo.

“Expedientes iniciados con denuncias anónimas que eran supuestamente aportadas por ciudadanos en distintas mesas de entradas pero que tenían una similar factura y confección”, sostuvo sobre dicha reconstrucción el abogado Albarracín.

“Además también eran denuncias que implicaban tareas de investigación previa, es decir que no estaban al alcance de cualquier ciudadano. Muchas constancias en los expedientes que convencen claramente que no se trata de una causa motorizada por la Justicia sino armada por el poder político con los servicios de inteligencia”, concluyó el letrado.