Estados Unidos avanza con el proyecto de una base militar en Ushuaia

El gobierno de Javier Milei sigue trabajando en una de las decisiones más polémicas de su corta gestión: la instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia. Un paso que, bajo el ropaje de la "cooperación internacional", esconde una alarmante entrega de soberanía nacional. La visita durante la semana pasada del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, reactivó una agenda que se viene gestando desde hace años, pero que ahora encuentra terreno fértil con un Gobierno dispuesto a ceder territorio y defensa a los intereses de Washington.

Durante su visita a Ushuaia, Holsey recorrió discretamente la base naval de la Armada y retomó el proyecto de su antecesora, Laura Richardson, quien ya había negociado la construcción de una base “integrada” en 2023.

A diferencia de aquellas gestiones iniciales, ahora el proyecto avanza con un nuevo impulso: Estados Unidos financiaría directamente la obra a través del Departamento de Defensa, sin intermediación del Tesoro. Se trataría de un puerto militar modernizado con capacidades aéreas, terrestres y navales, desde donde Estados Unidos podría desplegar tropas, embarcaciones y tecnología avanzada. Un enclave estratégico que permitiría a la potencia norteamericana controlar el acceso a la Antártida y el Estrecho de Magallanes, clave en la logística bioceánica.

En ese marco, la presencia de submarinos norteamericanos en Ushuaia ya no es una hipótesis sino una posibilidad concreta. Según fuentes consultadas, incluso ya existen planos listos para la construcción, aunque sin ejecución por falta de presupuesto. Milei, sin embargo, apuesta a que el Pentágono asuma los costos. La intención del gobierno argentino no es sólo ceder territorio, sino también garantizar que la defensa nacional sea tutelada por una potencia extranjera, socia estratégica del Reino Unido, con quien aún se disputa la soberanía de las Islas Malvinas.

Lo que se presenta como “logística antártica” es, en realidad, una jugada geopolítica con profundas implicancias. Argentina quedaría atada a los intereses militares de Estados Unidos, justo cuando crece la tensión global por el control de los polos y las rutas marítimas clave. La base en Ushuaia no sólo pondría fin a cualquier aspiración de neutralidad, sino que sería leída como una amenaza por países como China y Rusia, con quienes Argentina mantiene vínculos estratégicos. Además, excluiría a actores regionales como Brasil o Chile de cualquier política de defensa sudamericana común.

En este contexto, la política de Milei refleja una preocupante falta de visión soberana. Su proyecto de base militar financiada por el Pentágono no sólo viola el espíritu de neutralidad histórica de Argentina, sino que contradice incluso los principios básicos de la Constitución, que exigen la autorización del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras. Pero lejos de convocar un debate democrático, el gobierno avanza en silencio, en acuerdos de gabinete y reuniones reservadas con delegaciones extranjeras.