Fallecidos por la inundación: buscan que no se cierre la causa

La causa penal que contiene todos los expedientes en trámite para determinar los responsables de la trágica inundación del 2 de abril de 2013 llegó en los últimos días a la Fiscalía General, luego de que los abogados que representan a familiares de las víctimas antepusieran un recurso para evitar el cierre parcial de la misma.

Los vaivenes judiciales del caso comenzaron en octubre del año pasado cuando, una semana antes de las elecciones generales para presidente, el titular de la UFI 8 de Delitos Complejos, Jorge Paolini, la intentara archivar. Los abogados patrocinantes presentaron un recurso pero, a pesar de que el fiscal se los denegó, la causa continuó abierta.

El 4 de abril de este año, Paolini cerró la causa de manera parcial. Los letrados que representan a los particulares damnificados presentaron otro recurso ante el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, quien debe decidir si el titular de Delitos Complejos debe seguir investigando o le da crédito al cierre parcial. En caso de que opte por la negativa, los damnificados apelarán ante la Cámara.

Los imputados en la causa son el director provincial de Defensa Civil, Miguel Ángel De Lorenzo, y el titular de esa misma cartera pero a nivel municipal, Sergio Ariel Lezana, por la presunta comisión del delito de “omisión o retardo de actos de oficio” –es decir: “infracción al deber”, un delito que no tiene pena de prisión-.

Las imputaciones se basan en las acciones tardías de rescate brindadas por los organismos de Defensa Civil durante la inundación, aunque no se hace responsables a otros funcionarios que tuvieron a su cargo las acciones de rescate como los integrantes del Consejo Provincial de Emergencia -presidido por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal- o por organismos municipales como COEM (Comité de Emergencia Municipal).

En su investigación, Paolini señala que De Lorenzo -entre junio de 2008 hasta mayo de 2013, período en que tuvo el cargo de director de Defensa Civil bonaerense- violó sus deberes, así como “omitió adoptar las previsiones y medidas necesarias para mitigar los efectos de la inundación producida entre los días 2 y 3 de abril de 2013 en la región de La Plata”.

La línea de investigación que manejan tanto los abogados como los familiares de las víctimas son opuestas a las del fiscal. Según los damnificados, el delito que debe imputárseles a los exfuncionarios es “estrago” –es decir haber causado un daño de grandes proporciones, a pesar de que sabían que La Plata está rodeada por arroyos y que el desastre climático podía ocurrir-.

¿Un paraguas protector judicial?

Hasta el momento, el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, rechazó todas las pruebas que le presentaron los abogados patrocinantes de las víctimas por la inundación del 2 de abril de 2013.

A más de tres años de la inundación, Paolini sigue manteniendo la hipótesis de que aquel hecho se debió a una situación “extraordinaria”. Se omitió hacer mención sobre la responsabilidad y falta de preparación en el Plan de Contingencia, el Sistema de Alerta Temprana y tener una eficiente Defensa Civil. Hasta hoy, ninguno de esos tres planes se implementó.

Tanto los abogados patrocinantes como los familiares de los fallecidos afirman que “la responsable de que no avance la investigación es la procuradora general de la Provincia, María del Carmen Falbo”, y aluden a la falta de procesados penales a una “intención política”. En la causa que investigó el juez Luis Arias se determinó que fueron 89 los fallecidos, mientras que para Paolini, 17 de esos 89 murieron por otras causas ajenas a la inundación.