Frenan la emergencia administrativa y se profundizan el conflicto salarial

La protesta de los gremios de docentes, estatales, médicos y judiciales ayer logró que ayer no se convierta en ley el polémico proyecto que elimina los mecanismos de control en las contrataciones e institucionaliza los contratos basura. Sindicatos definen un paro general que abarcaría a todos los sectores de la Provincia

Finalmente, se produjo lo que el diario Hoy anticipó en su edición de ayer: el oficialismo sufrió un duro revés en la Legislatura al fracasar en su intento de que se apruebe sobre tablas y se convierta en ley el polémico proyecto de emergencia administrativa que es resistido por casi todas las organizaciones gremiales de la Provincia.

En ese contexto, sindicatos de docentes, estatales, docentes, policías, judiciales y del servicio penitenciario volverán a reunirse hoy, en la sede platense de ATE, para avanzar en los acuerdos establecidos en las últimas semanas. Se prevé que se definan medidas de fuerza que no sólo tendrán alcance provincial, sino que también podrían tener impacto nacional ya que se sumarían las universidades (ver página 5).

En las últimas jornadas, la protesta de los estatales se materializó con paros, movilizaciones y la instalación de una carpa frente al Parlamento provincial, donde confluyeron referentes de  los sindicatos más importantes d ela Provincia como Roberto Baradel (Suteba), Susana Mariño ( SOEME), Pablo Abramovich (Asociación Judicial Bonaerense), Oscar de Isasi (ATE), entre otros. También dijeron presente distintos legisladores provinciales, pertenecientes a diferentes partidos de la oposición.

Ayer, el presidente de la cámara de Diputados, Jorge Sarghini, recibió a una delegación de gremialistas. Según informaron desde ATE, en la reunión Sarghini informó “el  acuerdo de todos los bloques de diputados bonaerense de pasar el proyecto de Ley de Emergencia Administrativa a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para que allí los trabajadores podamos hacer escuchar nuestra voz de rechazo a l proyecto de ley”.

Desde los distintos gremios remarcaron el rechazo el proyecto de Ley de Emergencia porque "apunta contra el Estado y levanta los controles respecto de las contrataciones y licitaciones de obras". También explicaron que "es inconstitucional porque pone un corto plazo a los organismos de control para expedirse sobre las licitaciones y contrataciones y, de no recibir contestación en ese plazo, toma el silencio como una expresión a favor del Estado". Asimismo, advirtieron que en caso de ser sancionado este proyecto creará "un nuevo régimen de contrato laboral autónomo, en el que los trabajadores no adquieren antigüedad, ni derechos, ni pueden reclamar indemnización al ser despedidos, al tiempo que limita los pases de contratados a planta permanente". Agregaron: "La idea del gobierno es que la planta permanente de agentes del Estado se termine con los que hoy formamos parte de ella y que, a partir de su promulgación, todo el personal estatal pase a ser autónomo y sin derechos", aseguraron.

"La rechazamos por ser una ley que atenta contra los trabajadores y sobre todo contra la estabilidad. Lo que venimos diciendo es que no solamente estamos con bajos salarios y no reconocen que no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta mínima básica, sino que además están precarizando", apuntó la dirigente del SOEME, Susana Mariño. Y agregó: "Ya dijeron públicamente el desprecio que tienen hacia los trabajadores estatales. Esa ley es vergonzosa y antidemocrática. Nosotros nos vamos a permitir que sigan adelante con ella", agregó. 

En la práctica, el proyecto de Emergencia cierra el círculo con dos decretos de Vidal: el 230/2016 que otorgó poder a ministros y secretarios para contratar personal, disponer traslados y ampliar “suspensiones preventivas”; y el 248 que suspendió por un año “las designaciones de personal de planta permanente y de planta transitoria”. 

“Con el congelamiento de la planta la ley que propone el gobierno solo permitirá ingresos por los contratos autónomos”, aclaró De Isasi. Su implementación afectaría a unos 10 mil trabajadores temporarios que, al finalizar sus contratos, deberían ser reincorporados por estos “contratos basura”.