Gils Carbó deberá declarar por la muerte de Nisman
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La Justicia intenta develar si la jefa de los fiscales tenía intenciones de apartar al extitular de la UFI-AMIA. En el entorno del fallecido funcionario judicial creen que ese fue el motivo de su precipitado retorno de Europa en enero de 2015
El fiscal federal Eduardo Taiano citó como testigo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa que investiga la muerte del extitular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman. La funcionaria deberá declarar bajo juramento si había intenciones de apartar al fallecido fiscal de su puesto.
La notificación, realizada por Taiano a la funcionaria de Justicia sobre la decisión de convocarla, aún no tiene confirmada la fecha de citación, porque Gils Carbó podrá optar por responder un cuestionario por escrito o presentarse a una audiencia oral en los tribunales federales de Retiro.
La convocatoria tiene que ver con que, según testimonios en la causa, antes de que Nisman apareciera muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Puerto Madero, el fallecido fiscal habría dicho tener indicios de una supuesta decisión de Gils Carbó de apartarlo de la Unidad Fiscal AMIA.
La Procuradora había desmentido públicamente esos rumores, pero en el entorno del extitular de la UFI-AMIA sostuvieron que este sabía que su continuidad en el puesto peligraba. Por ello habría vuelto de manera intempestiva de sus vacaciones en Europa con una de sus hijas, para presentar en plena feria judicial de 2015 la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner, el excanciller Héctor Timerman y otros funcionarios nacionales del anterior gobierno.
Según había formulado Nisman, existía un plan por parte de la administración kirchnerista para encubrir la pista iraní del atentado a la AMIA, a raíz de la firma de un memorándum de entendimiento con Irán relacionado con el ataque a la mutual israelita.
En la mira por diversos casos
Gils Carbó viene de una serie de acusaciones vinculadas tanto a su función en el ámbito judicial como a supuestos delitos relacionados con la adquisición de un bien inmueble. El pasado 23 de marzo, la procuradora general de la Nación fue denunciada por presunto cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos, a raíz de la compra de un edificio para el organismo que encabeza, operación en la que intervino, según la acusación, una inmobiliaria vinculada a su exesposo, Héctor Alonso.
Alonso habría cobrado una comisión por intermediación entre el organismo nacional y la inmobiliaria, que rondó los 8.000.000 de pesos. El pedido de investigación, que fue realizado por el fiscal Carlos Rívolo, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.
A raíz de esta situación, que se inició a mediados de marzo con una denuncia periodística, el abogado Ricardo Monner Sans presentó un escrito ante el Congreso. En ese documento, pidió que se amplíe un pedido de juicio político contra la procuradora que había sido presentado por el letrado en febrero ante la Cámara de Diputados.