Las dudas tras el asalto en la vivienda del intendente
Interrogantes sin respuesta por el robo a la casa de Garro
Cerca de cumplirse un año y medio tras el asalto en la vivienda del intendente, aún no se sabe nada de los dos prófugos ni del botín. El expolicía Patricio Masana está preso en un penal de Olmos y el caso ya fue elevado a juicio oral. Continúan las dudas por la cantidad de dinero sustraído. Las vinculaciones con la causa Esur
A dos semanas de que se cumpla un año y medio del robo en la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, la investigación por la cantidad de dinero que se sustrajo del domicilio del jefe comunal, en marzo del año pasado, parece estar en un punto muerto.
Mientras el expolicía Patricio Masana, acusado de haber ingeniado el hecho, afirma que se llevaron US$ 4,5 millones y $700.000 que el alcalde no podría justificar, la versión de Garro varía de acuerdo a las circunstancias: primero habló de $25.000, luego de $30.000, cifra a la que le sumó tablets, joyas y ropa. De acuerdo al expediente 06-00-008475-16/00, el dinero que se llevaron de la finca del alcalde y el resto de los elementos sustraídos nunca aparecieron. Y desde hace meses el intendente evita referirse al tema.
Tampoco ha dado resultado positivo la búsqueda de los dos delincuentes prófugos que, con ayuda de Masana, irrumpieron en la vivienda y redujeron a la familia del jefe comunal. Uno de ellos ni siquiera pudo ser identificado, mientras que el otro es un exconvicto llamado Marcelo Maidana. Pareciera que a los dos se los hubiera tragado la tierra.
El “poliladron” actualmente está siendo investigado en una causa por enriquecimiento ilícito, que tendría vinculaciones con un resonante caso de corrupción policial que salió a la luz la semana pasada a raíz de los allanamientos y la intervención de la comisaría Primera de La Plata. Al frente de esta dependencia estuvo un viejo conocido de Garro: el exsecretario de Seguridad de la Comuna platense, Daniel Piqué, quien tuvo a Masana trabajando con él, precisamente, en el manejo de las horas Polad..
En definitiva, Masana, que era vecino de Garro, es el único detenido por el asalto ocurrido el 2 de marzo del año pasado en el country Grand Bell, ya que lo acusan de ser una pieza clave en el golpe. Para la fiscal Virginia Bravo, el exsuboficial colaboró durante los días previos al atraco con tareas de “inteligencia” y, luego del mismo, ayudó a que los delincuentes escaparan en su camioneta Mercedes Benz.
Cuando los peritos de la Policía Científica entraron a la vivienda de Masana encontraron en el jardín huellas de ruedas de dos valijas grandes, como las que se usan para viajar, que sin peso no hubieran dejado esas marcas. Las especulaciones están a la orden del día: a los investigadores no se les escapa el dato de que en la misma época en que se produjo el robo, el intendente Garro había rubricado un acuerdo con la cuestionada empresa de recolección de residuos Esur. Dicha compañía se vio beneficiada con una escandalosa extensión del contrato, que le permitió aumentar sus ingresos, provenientes de la Comuna, en un 50%. Esa adenda terminó aprobándose en el Concejo Deliberante, entre gallos y medianoche, a fines de 2016.
Pese a que el contrato venció en junio de este año, Esur sigue prestando servicio (y cobrando por ello) y sospechosamente el jefe comunal demora el envío al Concejo Deliberante del pliego que servirá para definir un nuevo sistema de recolección de residuos en la ciudad .
Una de las hipótesis que va tomando forma en los Tribunales es que Masana sabía de la existencia de dinero sin declarar en la casa del intendente, parte del cual podría haber sido aportado por la compañía de residuos a cambio de la extensión del contrato que, solamente el año pasado, implicó para la Comuna platense una erogación de casi 700 millones de pesos.
El convenio con Esur también es objeto de investigación en la Justicia Penal. El fiscal de Delitos Complejos, Hugo Tesón, esposo de Virginia Bravo, actualmente instruye una causa que se abrió a partir de la denuncia de un grupo de cooperativistas que prestaban servicio para Esur en condiciones de extrema precariedad laboral. En el expediente, que lleva el número 12.381/17 de Instrucción Penal Preparatoria, los denunciantes acusaron a Garro; a la actual directora de cooperativas, Ileana Cid, y a los directivos de Esur por la posible comisión de los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
Aquél 2 de marzo
- El 2 de marzo de 2016, dos delincuentes ingresaron al domicilio de Garro
- Maniataron a la familia y se llevaron una valija de grandes dimensiones. El expolicía Patricio Masana, quien ayudó a escapar a los delincuentes, declaró que se llevaron US$ 4,5 millones y $700.000. El jefe comunal asegura que solo fueron $25.000, tablets, ropa y un puñado de joyas
- En la causa declararon vecinos del Grand Bell (entre ellos el exsecretario de Medios kirchnerista, Enrique “Pepe” Albistur) y agentes de seguridad privada. También se presentó en varias ocasiones la mucama de Garro, quien fue escoltada de cerca por los abogados del jefe comunal
- Pasaron casi 18 meses y pareciera que a los dos autores materiales del hecho se los hubiera tragado la tierra. Según las declaraciones, los delincuentes que ingresaron a la finca fueron dos, pero solo se logró identificar a uno de ellos, el exconvicto Marcelo Maidana. Hay indicios de que habría actuado una banda integrada por más personas
- En el jardín de la casa de Masana se hallaron huellas muy marcadas de las ruedas de las valijas. Uno de los testigos que declaró en la causa dijo que el ladrón las llevaba “con dificultad”
- La premeditación del atraco es clara: en el expediente consta que Masana le dijo a su empleada doméstica que no fuera a trabajar ese 2 de marzo y le pidió al parquero que no podara porque tenía estacionada la camioneta. Los ladrones sospechaban que había grandes sumas de dinero sin declarar en la casa del intendente. El hecho coincide cronológicamente con las negociaciones y el acuerdo millonario con la empresa Esur
- El intendente Garro evitó referirse al tema en los últimos meses y ni siquiera reclama la búsqueda de los prófugos
Lo que muestran las cámaras de seguridad
La cámara de seguridad instalada en el barrio privado Grand Bell, donde vive el intendente, detectó el momento en que uno de los ladrones sale de la casa de Garro y se dirige a la de Masana llevando una valija que casi le llegaba al hombro. Esa filmación está en poder de la Justicia.
Según consta en la investigación, en la casa del expolicía los detectives de la DDI secuestraron planillas de Servicio Adicional de Policía, fajas de papel para billetes y una máquina para contarlos, bolsas de nylon con inscripciones de entidades bancarias, unas 200 pastillas de éxtasis, armas de fuego, US$ 10.500 y $101.000.
“Lo que se cree que es que hubo un entregador desde dentro de la Municipalidad que pasó el dato”, le dijo a diario Hoy un investigador.
Los datos sobre Maidana los habría aportado Masana en una señal a la Justicia de que quiere colaborar mientras pasa sus días en una de las cárceles de Olmos. En la investigación se incorporó el testimonio de vecinos del barrio privado (entre ellos el exsecretario de Medios kirchnerista, Enrique “Pepe” Albistur) y de agentes de seguridad privada. También declaró en varias ocasiones la mucama de Garro, quien fue escoltada de cerca por los abogados del jefe comunal, pertenecientes al estudio de Fernando Burlando. El expediente también incluye imágenes de las cámaras ubicadas en el acceso al country, pericias de rastros y análisis de comunicaciones telefónicas entre Masana y Maidana.
El expolicía está acusado por el delito de “robo agravado” por su condición de policía y por “tenencia simple de estupefacientes”. La causa ya fue elevada a juicio, y la fiscal, Silvia Langone, ofreció prueba hace unos días. Ahora es el turno del abogado de Garro. El Tribunal Oral Criminal nº 5 será el encargado de ventilar en un juicio el caso.
En sus declaraciones indagatorias, Masana reconoció los hechos. Sus dichos coinciden con los relatos de los testigos: un parquero, vecinos y empleados de seguridad, y con las cámaras del lugar.
Un llamado tardío al servicio de emergencias 911
El asalto en la vivienda del intendente Julio Garro, ubicada en el lote 210 del Club de Campo Grand Bell, de calle 467 entre 142 y 146, aquel 2 de marzo del año pasado duró unos 40 minutos.
Era un día casi sin nubes y siendo aproximadamente las 10, dos sujetos, uno de ellos armado, irrumpieron en la vivienda. Enseguida redujeron a María Dolores Conde, esposa de Julio Garro, y a sus cuatro hijas. Una cuñada y dos sobrinas del intendente también estaban en la casa y quedaron a merced de los delincuentes, además de la empleada doméstica, identificada como Diana Paredes Espíndola.
Salvo la pareja de Garro y su hija más chica, todas las víctimas fueron atadas con precintos y les colocaron cintas en sus bocas, para que no se escuchen sus gritos.
Los asaltantes pidieron dinero y revolvieron todas las habitaciones mientras las damnificadas quedaron encerradas en un baño. A María Dolores la llevaron por toda la propiedad para que indicara dónde había objetos de valor. La esposa de Garro declaró que recibió amenazas del ladrón armado y que este sabía que estaba en la casa del intendente.
Los dos malvivientes usaron guantes de látex y una franela verde para limpiar todo lo que tocaban. La empleada doméstica le dijo a la fiscal que los intrusos le preguntaron a María Dolores dónde estaba el dinero, en forma insistente. Además relató que ella salió a los saltos del baño, ya que tenía los pies atados, y fue hasta la cocina para buscar algo para desatarse. Encontró un cuchillo, pero tardó bastante en cortar los precintos a causa de los nervios y del grosor del plástico.
Una vez que todas se liberaron recorrieron la vivienda para ver si los ladrones aún se encontraban allí y después se subieron al auto familiar. Empezaron a recorrer las calles del country, hasta que María Dolores llamó a su esposo. Garro le dijo que iba a comunicarse con los encargados de seguridad del barrio privado para que vayan a la vivienda. Tras varios minutos, llegaron policías al Grand Bell tras la advertencia al servicio de emergencias 911.
¿Un policía con grandes ingresos tenía necesidad de robar 25.000 pesos?
Patricio Masana trabajaba hasta el 2 de marzo del año pasado en la comisaría Primera. Era administrador del Servicio Adicional de Policía, y manejaba cerca de 90 millones de pesos en forma mensual. Eso explicaría el nivel de vida que llevaba.
A pesar de cobrar, en ese entonces, unos 18.000 pesos por ser funcionario policial alquilaba una casa a todo lujo en el country Grand Bell y manejaba una camioneta de alta gama. Todo parece indicar que percibía altos ingresos por las maniobras que realizaba con las Polad.
Ahora bien, con ese nivel de vida, ¿era necesario entrar a robar a la casa del intendente de la capital provincial, ubicada en un barrio privado, por 25.000 pesos? Todo indicaría que el golpe fue planeado para apoderarse de un botín más importante.
Masana declaró que se llevaron 4,5 millones de dólares y 700.000 pesos. ¿Por qué razón el ladrón admite haberse llevado más plata que la que declaró la víctima?
La Justicia deberá analizar la filmación del delincuente llevándose una valija de gran porte de la casa de Garro y las marcas que la misma dejó en el césped de la finca que alquilaba Masana.
En el Concejo Deliberante quieren saber de qué se trata
Ediles de distintos bloques políticos expresaron preocupación por los interrogantes sin respuestas que rodean al robo en la vivienda de Julio Garro. Ponen la lupa en el misterioso silencio del intendente
“Fue un hecho gravísimo y el intendente no habló más”
Florencia Saintout - Bloque Frente para la Victoria - PJ Nacional y Popular
“Tenemos un intendente que vive en un country, donde ocurrió el robo. Fue un hecho gravísimo que se tendría que haber explicado y no se habló nunca más. Es grave, porque además es el intendente. No tenemos una respuesta, no sabemos qué pasó, pero si el intendente sabe qué pasó y hay fiscales que están investigando, esto tiene que hacerse público. Hay infinidad de temas en los que la voz del intendente no se escucha. Se expresa sobre hechos sociales, opinando sobre muchas banalidades. Ahora, sobre hechos que involucran a todos los platenses, en situaciones problemáticas, no está”.
“La Justicia tiene que darnos explicaciones”
Lorena Riesgo - Bloque Frente para la Victoria - PJ
“Sería bueno para todos los vecinos que la Justicia pueda avanzar y decirnos efectivamente cuál fue la razón por la que un policía entró a robarle al intendente de la ciudad y qué significó eso. Me parece que es una explicación que la Justicia debe darnos a los vecinos, aclarar qué fue lo que se robó y cuánto dinero”.
“Hay que profundizar la investigación"
Guillermo Cara - Bloque Frente para la Victoria - PJ Nacional y Popular
“Obviamente tiene que actuar la Justicia, ir profundizando en la investigación. Pero por supuesto que hay explicaciones que se tienen que dar en lo político y en lo institucional. No es el primer caso o denuncia que toca en este caso al intendente o a funcionarios del gobierno municipal, sobre los cuales no se han dado explicaciones ni se han generado siquiera sumarios administrativos”.
“Es muy dudoso el hecho”
Gastón Crespo - Bloque Progresista
“Nos preocupa mucho que la Justicia no haya avanzado, primero en dilucidar este hecho muy grave que se da en la casa del intendente, en un barrio privado y con seguridad privada. Es dudoso cómo fue el hecho. A tanto tiempo no se sabe ni los responsables ni el monto de lo robado.
Creemos que el intendente tiene que dar respuestas en muchos temas de la ciudad. Hemos hecho muchos pedidos de informe sobre distintos temas y no hemos obtenido respuestas. El intendente no responde nada, ni al Concejo ni a los vecinos”.
Las maniobras con las Polad y el Municipio platense
Investigan las razones por las que integrantes de la Policía Local supervisaban horas extras de efectivos de la Bonaerense en la seccional ubicada en 53 entre 9 y 10
La comisaría Primera de La Plata fue el primer destino de Patricio Masana, el ahora detenido por el robo en la casa de Julio Garro. Y su primer jefe fue Daniel Piqué, quien luego llegó a ser el primer secretario de Seguridad en el gobierno del actual intendente de la capital provincial.
Dicen que Piqué fue el que le enseñó a Masana a administrar el Servicio de Policía Adicional, conocido como horas Polad. Jefes policiales que hablaron con diario Hoy, cuya identidad se resguarda para evitar que sufran represalias, contaron cómo son las maniobras que se realizan con las horas Polad, que constituyen una millonaria caja negra de recaudación ilegal. Indicaron que Masana fue un especialista en esas estafas y que se alzó con muchísimo dinero.
“Masana fue un recaudador de Piqué, y luego de Darío Camerini, el exjefe de la Departamental, actualmente preso por la Causa de los Sobres”, sostuvo una de las fuentes. Estas graves irregularidades se dan mayoritariamente en la comisaría Primera, porque es la jurisdicción donde más organismos públicos hay que custodiar. Cerca de la misma se encuentra el Ministerio de Economía, ARBA, la casa matriz del Banco Provincia, los edificios conocidos como Torre I y Torre II, ubicados frente a Plaza Moreno, donde funcionan dependencias del gobierno bonaerense y de la Municipalidad de La Plata.
El procedimiento contempla el pedido formal de policías para realizar el servicio de seguridad por parte de los organismos, la autorización del Ministerio de Seguridad y luego la coordinación de los administradores de la comisaría Primera. De acuerdo al relato de los jefes de la fuerza, hay maneras de estafar al Estado con las horas Polad.
Hay casos en los que un organismo público paga por veinte efectivos, pero solo van a hacer el trabajo la mitad. Luego, se falsifican firmas por el resto y hasta hay policías que prestan su legajo. La segunda manera de estafar es con “policías fantasmas”. Es decir, ni siquiera existen, pero igual cobran. Otra maniobra bastante común es que las autoridades le pagan a los uniformados por las horas Polad que efectúan, pero luego presentan planillas que dicen que hicieron muchas más, con firmas apócrifas. Cabe aclarar que en la actualidad la comisaría Primera administra cerca de 100 millones de pesos mensuales en horas Polad.
Hay versiones que indican que habría complicidad por parte del Municipio de La Plata. Al parecer, los encargados de controlar que efectivamente concurran la cantidad de policías por los que se abona el servicio no son rigurosos y reciben un “retorno” por esa frágil inspección.
En ese sentido, desde la Auditoría General de Asuntos Internos pusieron la lupa en el jefe de la Policía local, Sebastián Martínez Pass. Eso no es todo: hay números de la ejecución presupuestaria del área de Seguridad del Municipio platense que no cierran por ningún lado. Por ejemplo, según denuncian desde la oposición, mientras se subejecutaron 100 millones de pesos, se triplicó el gasto en personal temporario. Sospechan que podría ser por maniobras vinculadas con el manejo de los adicionales.
La denuncia de los jefes policiales que hablaron con este diario es que Martínez Pass entregaría parte de lo recaudado de manera ilegal al entorno del intendente Garro. Eso explicaría el motivo por el cual entre los desafectados por el hallazgo de 800.000 pesos el 1º de septiembre pasado se encuentren dos integrantes de la Policía Local. Hasta el momento, nadie ha podido explicar la razón por la que gente de Martínez Pass supervisaba a integrantes de la Bonaerense en la seccional Primera. Lo que sí está acreditado es que el jefe de la Policía Local trabajó bajo las órdenes de Piqué como secretario de Seguridad y también se vio salpicado por el escándalo de la fiesta clandestina donde murió la joven Emilia Uscamayta Curí. Por este caso, tuvo que renunciar Piqué, tras ser imputado por el fiscal Álvaro Garganta.
Cuatro exonerados
El sumario administrativo que se inició luego de la detención de Patricio Masana por el asalto en la vivienda del intendente Julio Garro provocó que se desplazara al comisario y al segundo jefe de la seccional Primera, Marcelo Cifuentes y Carlos Arias, y al oficial que se encargaba del manejo de las Polad, Walter Suárez Perry.
De hecho, Asuntos Internos avanzó con imputaciones contra los policías y todos fueron exonerados de la repartición. En las primeras horas de la investigación, las autoridades de la comisaría Primera le dijeron a la fiscal Virginia Bravo que Masana cumplía la función de custodiar restaurantes en la zona del microcentro en horario nocturno, mientras que la novia del demorado lo negó. “Él todas las noches está en casa”, dijo. Ahora se sabe que Bravo va a llamar a indagatoria a Masana por el delito de enriquecimiento ilícito.
Se presume que Masana era parte de una organización delictiva en la que se defraudaba al Estado. Con la connivencia de autoridades policiales, ministeriales y aún desde la Dirección General de Administración de la Gobernación, se habrían manejado de manera irregular millones de pesos sin que se ofreciera ningún tipo de servicio de seguridad. “Investigamos la operatoria. Aparentemente, se formalizaba con un pedido de custodias fijas a algún organismo estatal y la designación de fondos. Luego el dinero se giraba, pero el servicio no se cumplía y la plata quedaba en manos de los cómplices de la maniobra”, explicó uno de los investigadores.
Ascensos en tiempo récord que generan malestar
A pesar de estar en la mira de la Justicia por la muerte de Emilia Uscamayta Curí en una fiesta clandestina desarrollada en Melchor Romero el 1° de enero del año pasado, el jefe de la Policía Local de La Plata, Sebastián Martínez Pass, fue promovido en las últimas horas a la jerarquía de comisario inspector a pedido del intendente Julio Garro.
De acuerdo al boletín informativo 47/2017, publicado el 7 de julio pasado en el sitio oficial de la cartera que conduce Cristian Ritondo, Martínez Pass fue ascendido en la fuerza.
De acuerdo a un integrante de la Bonaerense, el actual titular de la Policía Local de la capital provincial fue promovido a subcomisario en el año 2015, pero a pesar de que debería haber permanecido cuatro años en esa jerarquía, en 2016 ascendió a comisario y ahora, a mediados de 2017, logró otra estrella y pasó a la jerarquía de comisario inspector.
Esta situación irregular ha generado malestar entre varios jefes policiales.