Inundaciones y negociados inmobiliarios

En distritos como Escobar, Pilar, Tigre y San Fernando, se llevan construidos 60 barrios cerrados, muchos de los cuales –gradualmente- han destruido los humedales (antiguos bañados) que servían para contener las aguas. Causas y consecuencias analizadas por especialistas

Algunos ciegos no saben lo afortunados que son… Porque la única verdad es la realidad: es el agua que no se va, es la situación límite de nuevas inundaciones.

Si bien existen una convergencia de factores a la hora de analizar las causas de las inundaciones, el diario Hoy pudo constatar, a partir de las investigaciones de distintos especialistas, que la “invasión”  no planificada de barrios cerrados y de clubes de campo –sumado a las grandes obras hidráulicas que debería haber encarado el gobierno nacional, que hoy brillan por su ausencia- tuvieron un fuerte impacto que contribuyó de sobremanera a los padecimientos que se registran por estos días con las inundaciones en la zona de Norte del Conurbano y numerosos distritos del interior bonaerense. Se trata de emprendimientos realizados por grupos inmobiliarios, estrechamente vinculados con el poder político.

Las flechas del afán apuntaron en los últimos 20 años sobre los bajos y humedales en la cuenca del río Luján, bienes del dominio público que pertenecen a los argentinos. Los municipios de Pilar, Escobar, Tigre y San Fernando, denominados irónicamente como “municipios countries”, han cambiado los patrones de escurrimiento del agua. Por eso las inundaciones cada vez más frecuentes. Por eso los oídos sordos y la mirada para otro lado de quienes olvidaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice en su inicio “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. 

Más allá de las sumas de dinero, lo que realmente está en la mente de vecinos y especialistas es “el serio riesgo de vida”. Aunque, para no caer en el pesimismo reinante en medio de tanta agua derramada, también expresan que hay una salida posible. La geóloga Patricia Pintos (UNLP) y el investigador, Fabio Kalesnik (Conicet), y tres expertos más, quienes dieron testimonio en una causa judicial en marzo pasado, conocedores a fondo “la parte técnica”, cuentan que “la solución real es recomponer el ecosistema, como se hace en el resto del mundo”. En ese sentido, los vecinos autoconvocados exigieron “el saneamiento de la zona, reubicando a las viviendas construidas en lugares más aptos”.

Según manifestaron a nuestro diario, “los barrios de Tigre” están denunciados en el Juzgado Federal  de Primera instancia de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, donde se identifica a los responsables: “los organismos dependientes de la Provincia, y al ex intendente Sergio Massa que firmó decretos permitiendo la instalación de los emprendimientos. En el mismo sentido, los barrios en Escobar y Pilar han sido denunciados en el Juzgado Federal de primera instancia de Campana a cargo del Juez Adrián González Charvay. “Los negocios se hicieron, los inundados de Luján, Pilar, Escobar, Tigre y tantos otros, son testimonio. No es solo cuestión de pérdidas materiales, se han perdido al día de hoy tres vidas”, afirma  otro miembro de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Río Luján, conformada por distintas organizaciones sociales y universidades (Luján y Gral. Sarmiento) y con aportes científicos de la UBA.

En Pilar

El avasallamiento tiene nombre y lugar: el “San Sebastián”,  un emprendimiento que según el estudio del geólogo Eduardo Malagnino (docente de la Facultad de Exactas de la UBA) le achicó un 44 % a la planicie del río. No es lo único. Se suma al efecto sinérgico del conjunto de countries localizados a lo largo de la cuenca que inciden sobre el comportamiento de un proceso natural como el de las inundaciones, al retardar el drenaje del exceso hídrico acumulado y ejercer una presión del sistema aguas arriba”.

En Escobar

Si en Pilar se advirtió que “es grave”, peor aún en Escobar y Tigre, donde hay “triple motivo de inundación, por lo que viene del Paraná, del Luján y la Sudestada”, explican desde la C.A. de la cuenca del Luján. Ya en noviembre último, quedó una profunda marca. Hubo marchas y un cartel que iba en punta poniendo en nombres partidarios las culpas: “PRO-inundaciones.  Dicen ser DISTINTOs, pero +ahora que nunca… son cómplices de la destrucción de los humedales”.

Bomba de agua y bomba de humo…

Dicen que en la escuela Nº 19 de Tigre donde el domingo votó Sergio Massa, apenas el candidato cumplió con su deber cívico, los bomberos “se llevaron las bombas extractoras para que los periodistas no vieran cómo vivimos en Rincón de Milberg”, contaba la vecina Marcela Castells, quien padece las inundaciones constantes desde que levantaron el barrio privado El Atardecer, hace 10 años.

El “Concejo”

Las horas previas a la Navidad de 2014, el Concejo Deliberante de Escobar realizó una sesión extraordinaria, incluyendo sorpresivamente el Ejecutivo un proyecto de Reordenamiento del Plan Urbano, craneado por el intendente Sandro Guzmán, ex massista ya de vuelta con los K. Se dejaba así “un aviso de legalidad” para seguir un emprendimiento de 2500 hectáreas, en el que puso su voto positivo Luis Carranza, quien en las últimas PASO fue el único precandidato a intendente del FR -con un 18% de votos-, el mismo que aquel día apeló a un consejo poco serio para un vecino que llegó al recinto: "presentá una lista y vas a tener a alguien que vote lo que vos querés”.

En Tigre

Jorge O’Reilly es el dueño de la empresa EIDICO, responsable de construi los barrios privados del Complejo Villa Nueva (unas mil hectáreas de countries). Allegado a Sergio Massa, O’Reilly es el principal beneficiado con el aislamiento en que quedó la zona “Punta Querandí”, en el Dique Luján, donde el empresario sueña con alambrar. De hecho, a través de una de sus firmas, San Atanasio SRL, ya se lo pidió al Juzgado de San Isidro argumentando que tiene como finalidad “colaborar con trabajos arqueológicos en el lugar”, y en la misma misiva se “tiró” contra el Movimiento en Defensa de la Pacha, definiéndolo “ilegal y violento”.
Por eso, anteayer, organizaciones sociales, culturales, vecinales y de pueblos originarios, marcharon para que Punta Querandí no sea privatizada. Cual cuento de suspenso, ante la caída del puente, un vecino ayudó a que los manifestantes crucen a la otra orilla con una embarcación. La queja fue que el Municipio a cargo actualmente de Julio Zamora, un hombre de Massa, se niega a reconocer la importancia arqueológica y educativa del lugar, y que la Provincia tampoco se haga cargo de protegerla avalando estudios privados pagados por EIDICO.
El pasado miércoles, se vio un canto a la defensa ciudadana, cuando niños, adolescentes, jóvenes, padres, abuelos y vecinos del paraje (incluso se vieron a pueblos indígenas, quechuas, guaraníes y mapuches) todos conformaron un cordón humano para evitar que alambren el predio, deseo que la empresa no pudo concretar, aunque también arribaron e hicieron mediciones sobre las parcelas.