Juez sostiene que Justicia Legítima es la “mafia judicial” kirchnerista

El juez federal, Alfredo López, volvió a señalar a miembros de la agrupación K por “haber impedido investigar” los incidentes ocurridos durante la visita de Macri a Mar del Plata y sostuvo que responden a intereses del gobierno anterior

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, acusó a los abogados, fiscales y magistrados que integran la agrupación Justicia Legítima de haber obstaculizado la investigación sobre las pedradas a Mauricio Macri en la ciudad balnearia el pasado 12 de agosto y los calificó como “funcionarios que responden al gobierno anterior”

“La agresión que sufrió el Presidente fue muy seria, pero acá en Mar del Plata existe una mafia judicial, Justicia Legítima, que son funcionarios que responden al gobierno anterior, que ocultaron y desviaron la investigación, por eso les inicié una causa penal”, explicó el magistrado.

Al mismo tiempo agregó que esta asociación civil “es una introducción con fórceps en la Justicia de una organización política que se maneja facciosamente”.  López criticó duramente a la asociación y dijo que “es hora de que se limpie la justicia de aquellos funcionarios que violan el reglamento de la justicia haciendo militancia política, no cumpliendo sus funciones”.

Según el magistrado, la “mafia” de Justicia Legítima se encuadra “en las declaraciones que hizo el Presidente desde China, cuando afirmó que hay más mafias de las que uno imagina. A mí me pasó que me di cuenta de que había más mafias con las que luchaba de las que creía que existían”.

El 22 de agosto López presentó una causa contra los fiscales Laura Mazzaferri, Nicolás Czizik y Daniel Adler por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Al otro día, amenazó con renunciar por una serie de escraches que sufrió en la puerta de su juzgado, aunque otro sector se manifestó en su apoyo, tras lo cual el 26 de agosto resolvió permanecer en el cargo.

Un dato que llama poderosamente la atención es que la tesorera del ente tildado de mafioso es la procuradora Alejandra Gils Carbó, designada en el cargo en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner, y denunciada por la diputada Elisa Carrió en su carácter de jefa de estos funcionarios.