Juicio por Mariano Ferreyra: mañana comienzan los alegatos y expone el CELS
Mañana comenzará la etapa de alegatos en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Se trata de la exposición de los argumentos de quienes acusan (en este caso, de la víctima), por eso los primeros abogados que disertaran sus fundamentos serán los del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La acusación se basará en las "complejas relaciones existentes entre sindicalismo, poder político, fuerzas de seguridad, grupos de particulares con poder de fuego y poder judicial" y, como ha expuesto el juicio, se pondrá en exposición la "discusión de cuestiones centrales de la vida democrática, como la actuación de los agentes policiales frente a la protesta social, el modelo sindical y el rol del Estado frente a las problemáticas laborales", según resumió el CELS en un escrito público.
Los imputados son el ex titular del sindicato, José Pedraza y su segundo, el secretario administrativo del sindicato Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos acusados de ser los instigadores del ataque; el empleado ferroviario Gabriel "Payaso" Sánchez, y Cristian Favale, quien no trabajaba en el ferrocarril, señalados como los autores de los disparos; el delegado Pablo Díaz y los ferroviarios Salvador Pipitó, Jorge González, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño.
Por parte de la PFA, se encuentran imputados los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla y Hugo Lompizano; el subcomisario Rolando Garay, y los efectivos David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti. "Estos funcionarios favorecieron la agresión de los ferroviarios contra los tercerizados", denuncian. La Policía Federal estuvo presente en el lugar desde el inicio de la protesta, pero no protegió a los manifestantes ni identificó a los responsables de la agresión.
Sobre el apartado "el móvil económico (del crimen)", el CELS expone que "durante el juicio, se pudo verificar un importantísimo negocio basado en la explotación de la tercerización laboral. Pedraza y sus allegados, en connivencia con personal de la UGOFE, obtenían una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los empleados tercerizados, quienes percibían una remuneración mucho menor que los empleados contratados en planta permanente".
Por otro lado también denuncian un intento de soborno en el juicio mismo: "se descubrió la intención de manipular el sorteo de la sala mediante un presunto pago de sobornos para luego obtener un fallo favorable para los implicados en el homicidio". El 11 de septiembre de 2012, el CELS denunció al juez Esteban Riggi ante el Consejo de la Magistratura por el intento de soborno y solicitó que se le inicie el proceso de remoción para que se determine su responsabilidad funcional por los hechos que surgen de la investigación del intento de soborno.
Mientras tanto, los alegatos del Partido Obrero se escucharán el martes y, según este portal pudo saber, se tratarà de hacer hincapié en las "responsabilidades políticas" del asesinato.
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