La Corte Suprema le hará llegar al Gobierno un reclamo de los jueces federales por el estado de las cárceles

El Máximo Tribunal recogió el pedido de un organismo que nuclea a los magistrados federales y lo enviará al Ministerio de Seguridad. La solicitud se da en el momento en el que el gobierno de Javier Milei impulsa una baja en la edad de imputabilidad en el país.

Los jueces federales de todo el país le pidieron a la Corte Suprema que inste al Gobierno Nacional a que haga cesar “la crítica situación” de las cárceles federales “que se encuentran actualmente desbordadas de internos”, con hacinamiento, falta de cupos y fugas reiteradas.

Según remarcaron, el escenario se hace aún más preocupante si se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para bajar la ley de inimputabilidad. Con una carta dirigida al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, los jueces federales realizaron una dura descripción de las cárceles federales.

“Se encuentran actualmente desbordadas de internos, lo que lleva a que, por falta de cupos, deban ser alojados provisoriamente en establecimientos totalmente inadecuados y en los que las fugas son reiteradas”, indicaron en la misiva que lleva la firma del titular del cuerpo, Javier Leal de Ibarra.

“Los internos dentro de las prisiones, lejos de alcanzar los propósitos perseguidos por la Ley 24.660, orientados a su readaptación y resocialización, terminan inmersos en un sistema que los impulsa a delinquir”, expresaron los jueces.

A su vez, se hace hincapié en el texto que la “situación se agrava de manera exponencial si consideramos que el Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación, ya ha anunciado en conferencia de prensa el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los trece (13) años”.

La nota también subrayó que las cárceles para mujeres son limitadas y “faltan instalaciones adecuadas para que el colectivo Lgtbi no vea vulnerados sus derechos constitucionales cuando deben ser privados de su libertad por orden judicial”.

Según los artículos 15 y 57 del Código Procesal Penal Federal, afirma Leal de Ibarra en su carta a Rosatti, “los magistrados son quienes responderán por los alojamientos en lugares no habilitados, en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad”.

“En función de lo expresado, solicitamos a V.E. que por su digno intermedio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza de este Poder del Estado, inste a las autoridades del Poder Ejecutivo para que en el ámbito propio de sus competencias, se adopten acciones positivas, con la mayor premura encaminadas a la implementación de políticas coordinadas orientadas a enfrentar y hacer cesar la crítica situación actual carcelaria -que en las condiciones actuales - está dirigida al fracaso de sus objetivos para que, de esta forma, se consagren formas de ejecución compatibles con los derechos consagrados al imputado y que los magistrados cuenten con la posibilidad de hacer efectivas la obligaciones legalmente impuestas tomándose plena conciencia que, en definitiva, esta situación también es una fuente de la inseguridad pública que afecta a nuestra sociedad”, indicaron

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