La Justicia frena el desmantelamiento del INTI

El intento del Gobierno nacional por reestructurar y degradar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) quedó en suspenso. La jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, hizo lugar a la cautelar presentada por ATE y ordenó suspender por seis meses los efectos del decreto 462/2025, una norma que apuntaba directamente al desmantelamiento del organismo.

La medida judicial impide que el Ejecutivo avance con despidos, traslados, reubicaciones o cesantías vinculadas al INTI, como también con la supresión de estructuras administrativas. El decreto firmado por Javier Milei pretendía transformar al instituto en una simple dependencia técnica bajo control del Ministerio de Economía, sin autonomía, ni capacidad institucional para definir su rumbo.

“El Estado debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto”, explicó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE. La dirigente celebró el fallo y lo consideró “una muestra de que la organización colectiva es una herramienta real de defensa del Estado, pese a la persecución y los agravios del gobierno de Milei contra el sindicalismo”.

El decreto oficial también establecía que todos los ingresos propios del INTI, aranceles, patentes, tasas y servicios técnicos, debían pasar a engrosar el Tesoro Nacional. El recorte no solo buscaba achicar el organismo, apuntaba a vaciarlo de recursos y limitar su autonomía financiera.

Motosierra contra la industria nacional

Desde su campaña electoral, Javier Milei apuntó contra los organismos técnicos del Estado, bajo la consigna de “eliminar estructuras inútiles”. En los hechos, esa motosierra afectó áreas clave para el desarrollo nacional. El INTI es un instituto histórico que articula con el sector industrial, produce conocimiento aplicado y establece normas técnicas de calidad. Su desmantelamiento provocaría un golpe directo a la industria argentina.

El fallo también representa un revés político para Federico Sturzenegger, ideólogo de la desregulación estatal, quien había defendido la reconversión del organismo alegando que su estructura era “sobredimensionada”, “burocrática” y “obstaculizadora del desarrollo”.

Cabe mencionar que, lejos de ser un aparato ineficiente, el INTI cuenta con más de 2.300 trabajadores y más de 250 centros especializados en todo el país. Su labor no solo es técnica, también implica asistencia a pymes, innovación, formación y estándares de calidad que sostienen al aparato productivo argentino. La decisión de rebajarlo a una “unidad operativa” buscaba, en definitiva, neutralizar su rol como actor estratégico del desarrollo industrial.

El fallo de la jueza Forns deja en evidencia que el gobierno de Javier Milei, amparado en un discurso de eficiencia, intenta desarticular capacidades estatales esenciales para el país. La suspensión del decreto 462/2025 no solo protege a los trabajadores del INTI, también expone el carácter ideológico y destructivo de un plan que, bajo la fachada del orden fiscal, busca desmantelar la infraestructura científica, técnica y productiva nacional.