La Morsa, por fin al banquillo

 A dos semanas de las elecciones, un nuevo escándalo salpica al candidato a gobernador bonaerense, Aníbal “La Morsa” Fernández; al ministro de Salud, Daniel Gollán, y a su antecesor en el cargo y electo (no sin polémicas) gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Porque, tras las denuncias que los vincularon en el tráfico ilegal de la efedrina y en la importación de drogas (particularmente a Gollán y Fernández), ahora, los mencionados ministros, junto a una veintena de funcionarios y empresarios, fueron citados a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, debido a presuntas irregularidades en la licitación del Plan Qunita.  

La corrupción desde la cuna

En el relato oficial, Qunita es un “programa de acompañamiento para la madre y el recién nacido”, que debería implicar la entrega “a todas las mujeres embarazadas del país” de un kit de cuna, sábanas, frazadas y la realización de controles médicos obligatorios. Así lo anunció la presidenta Cristina Kirchner, en su cadena nacional Nº 29, el 16 de julio pasado.

Lo que omitió decir fue que el paquete también incluía $902.750.000 por la construcción de 115.000 kits maternales para Fasano SRL, una inmobiliaria que este año declaró un capital de apenas $30.000 y cuya razón social dista de la fabricación de cunas. Pero Fasano no fue la única beneficiaria de Qunita: Fibromad S.A. ($44.993.750), Delta Obras y Proyectos S.A. ($29.991.000), Compañía Comercial Narciso SRL ($29.760.500),  Grupo Diela SRL ($39.780.000) y Dromotech SA ($49.984.000) también recibieron millones del Estado por este plan.  Las últimas cuatro tienen un denominador común: fueron fundadas  hace menos de un lustro en La Plata, ninguna cuenta con experiencia en el rubro maternal y sólo una presenta apariencia comercial e identificación en su fachada.

¿Se hará justicia?

La denuncia judicial a la que ahora le dio curso Bonadio, junto al fiscal Eduardo Taiano, fue realizada por la legisladora Graciela Ocaña en base a una investigación del sitio Eliminando Variables. Según le dijo a Hoy Ocaña, “la licitación fue dirigida. El negocio pasó por las manos del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, del jefe de Gabinete, y de los ministros y viceministros de Salud, pero nadie se dio cuenta de que se beneficiaba a empresas sin antecedentes comerciales, pagando mucho más de lo que sale en el mercado”.

En efecto, llama la atención que, tal como advirtió Hoy en su recorrida por los domicilios fiscales declarados por Delta, Dromotech, Narciso y Diela, sólo esta última presente una mínima apariencia comercial (es un local de reducidas dimensiones); que no cuenten con experiencia en el rubro y que, pese a haber tenido facturaciones irrisorias en sus últimos balances, su mayor ganancia llegue con el Estado como cliente, en una de las mayores licitaciones realizadas por el Ministerio de Salud (Ver página 5)

"Parece que contrataron a cooperativas y enmascararon con estas empresas. Evidentemente queda una diferencia para repartir entre empresarios y funcionarios del más alto nivel de gobierno nacional”, dijo Ocaña. Para la denunciante, “lo que podría haber sido una ayuda para las madres necesitadas, se distorsionó con este accionar corrupto y esa es la herencia que pretende dejarle el kirchnerismo al próximo gobierno”. Las declaraciones de los acusados comenzarán la semana próxima y se extenderán hasta mediados de noviembre. Estratégico, “La Morsa” rendirá cuentas ante Bonadio después de las elecciones del 25 de octubre. Entonces, tal vez comience a hacerse justicia, siempre y cuando el magistrado no sea removido, como le ocurrió con Hotesur, la causa que investiga si la familia presidencial lavó dinero con sus hoteles.