La polémica empresa estatal porteña que tendrá el control de las grúas

La secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Manuela López Menéndez, afirmó la semana pasada que la apertura de sobres de las empresas oferentes para quedarse con la concesión del servicio de grúas que levantan autos mal estacionados en la Capital Federal (que se les quitó a dos empresas que lo tuvieron por más de 20 años) se hará a mediados de septiembre.

Luego se evaluará a los oferentes desde el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y a mediados de diciembre se adjudicará la concesión. Según López Menéndez, el tiempo entre el otorgamiento del servicio de acarreo a la empresa y su puesta en funcionamiento por parte del ganador demorará entre cuatro y cinco meses.

La decisión de “estatizar” las grúas surgió, como contó este diario en su edición del pasado miércoles, tras el anuncio de los legisladores de la Coalición Cívica de acompañar el debate de la oposición.

Mientras se decide qué empresas ocuparán el lugar de las dos anteriores (Dakota-STO y BRD-SEC), la administración de Rodríguez Larreta “estatizó” el servicio de grúas y se lo dio a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que controla las autopistas porteñas.

En los últimos años, hubo una serie de irregularidades en la empresa que maneja las autopistas Perito Moreno, Illia, Cantilo, Lugones, Dellepiane, Cámpora, Frondizi, 25 de Mayo y el Paseo del Bajo. Y que, además, construyó otras obras de importancia vial en la ciudad más rica del país.

Nacimiento, estatización y era Macri

AUSA nació en la última Dictadura cívico-militar, cuando el intendente de facto de la Ciudad era Osvaldo Cacciatore, el mismo que con topadoras tiraba casas para construir autopistas y que coaccionó y extorsionó a dirigentes del Club Atlético San Lorenzo de Almagro para que vendieran los terrenos del lugar donde estaba el estadio de fútbol.

Al comienzo esta firma fue un consorcio privado de empresas, hasta que en 1985 la Ciudad compró el paquete accionario con recursos del presupuesto público, haciéndose cargo de las deudas, una maniobra que sucedía con muchos privados por esos años (y durante el gobierno de facto también).

Cuando Mauricio Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno, promulgó la ley número 3.060 de 2009, la cual le permitió a AUSA acceder a la ejecución y concesión de las obras públicas por 20 años, lo cual en octubre de 2018 la Legislatura porteña, de manera exprés, extendió por 20 años más, hasta 2049. Este accionar despertó las críticas de la oposición, que advirtió la falta de controles sobre el manejo de la caja y el cumplimiento de las obras.

Cuna de funcionarios polémicos

En 2020, con Juntos por el Cambio ya fuera del Poder Ejecutivo, AUSA fue el lugar al que llegó el jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional durante la era Macri, Ricardo Stoddart.

Stoddart fue investigado por haber beneficiado a la empresa Autopistas del Sol (Ausol), cuya dueña era la familia Macri, con la renegociación del contrato, sin licitación, de la concesión de la autopista Panamericana. El funcionario investigado había sido nombrado en AUSA y estaba inscripto en la categoría más baja del Monotributo.

Hasta diciembre de 2015, Stoddart había sido socio de Marval O’Farrell Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste. Cuando Macri asumió la presidencia, estuvo involucrado en la renegociación de los pliegos para los holdings de los que él ­formaba parte.

Luego de que Macri dejara el poder, ­Stoddart fue llevado al Departamento de Asesoramiento Legal, Contratos y Transparencia Corporativa de AUSA.

Delegado despedido

Javier Suárez trabajó como empleado de AUSA durante 17 años y fue delegado gremial. A fines de 2020, cuando pasó la etapa más dura de la pandemia de coronavirus, volvió a su trabajo de manera presencial.

Las autoridades de la empresa estatal lo habían trasladado a un nuevo destino y, cuando llegó, su oficina había sido desvalijada. Faltaban televisores, sillas, computadoras y varios objetos de valor. Durante su ausencia, fue ocupada por custodia de la Policía Metropolitana, ocupación que fue ordenada por el principal de la fuerza de seguridad porteña, Diego Marchisio.

Suárez le notificó a su jefe Miguel Ferrer cómo encontró su lugar de trabajo y, tras ese reclamo a la gerencia, la Policía retiró todas las cosas del lugar; un mes y medio después, el 16 de agosto de 2021, Marchisio se presentó en la oficina del trabajador.

Según constaba en la denuncia que Suárez realizaría horas después y que fue elevada a la empresa, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Público Fiscal, el principal de la Metropolitana ejerció “violencia policial”.

Luego de que la denuncia de Suárez fuera difundida en los medios de comunicación, AUSA se comprometió en el Ministerio de Trabajo a “garantizar la seguridad del

empleado”. Ocho meses después, Suárez fue ­despedido de la empresa. Los representantes de Recursos Humanos, junto a una escribana, aparecieron en su oficina y le informaron que su despido era con causa tras una denuncia en su contra de una policía por ­supuestos hostigamientos que situaban a mediados del año pasado.