La Policía Judicial armada por Falbo, en la cuerda floja

Un juez solicitó la foja de servicios de Lorena di Rocco, la candidata de la exprocuradora para el cargo de directora. También se pidieron oficios de las impugnaciones, ya que hay quince demandantes que cuestionan el concurso

Los nombres propuestos por la exprocuradora, María del Carmen Falbo, para los cargos directivos en la Policía Judicial no llegarían a asumir, ya que el cuestionado concurso se encuentra en pleno proceso de impugnaciones por parte de quienes denunciaron que hubo favoritismos en los exámenes. 

Según pudo saber diario Hoy, en los últimos días el titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Rubén Seoane, solicitó “el resultado de los exámenes de la totalidad de los inscriptos para todos los cargos convocados por aquella (Procuración), el orden de mérito de quienes aprobaron cada una de las pruebas, el dictamen debidamente fundado del jurado evaluador que elaboró dicho orden de mérito y las posibles nominaciones que se hubieren efectuado para cubrir cada cargo”.

Así quedó expuesta la candidata propuesta por Falbo para ocupar el rol de directora de la Policía Judicial, ya que el magistrado pidió “al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de certificar o rectificar, la foja de servicios que prestara la doctora” Lorena Di Rocco. La solicitud se enmarca en las impugnaciones presentadas por los concursantes, ya que la elegida de Falbo habría puesto en su legajo que fue jefe de peritos, cuando ese dato no es verdadero.

Asimismo, Seoane libró oficio a la Procuración General “a los fines de que remita los originales de la totalidad de las impugnaciones efectuadas por los amparistas a los resultados del concurso implementado por la convocatoria 661/13, así como también las respuestas que mereciera cada una de ellas por el jurado evaluador”.

Parecía estar todo listo para que asumieran las cuestionadas nuevas autoridades, incluso se realizó la audiencia pública a principios de octubre de este año en el anexo de la Cámara de Diputados, presidida por León Arslanián. Sin embargo, meses después, la Justicia puso el foco en los amparos y todo volvió marcha atrás. 

A casi cuatro años de haberse promulgado la ley que creaba una nueva Policía Judicial, en febrero de este año ingresó la primera demanda de amparo. En la misma se cuestionaban “las desproporcionadas notas que obtuvieron dos o tres abogados para los cargos a cubrir, de notoria y marcada diferencia y sin una debida justificación o fundamentación de la abrupta distancia por parte del jurado evaluador”.

Ello motivó que unos quince profesionales concursantes, casi el 50% de los inscriptos, “tras impugnar dicha calificación conforme lo preveía el reglamento interno ideado por el mismo jurado y no obtener explicaciones que justificaran las marcadas diferencias de puntuaciones, presentaran varias demandas contra la entonces procuradora María del Carmen Falbo y los integrantes del jurado, compuesto por senadores, diputados y miembros de la Procuración encabezados por León Arslanián”.

Expertos, afuera

El proceso de selección de profesionales para la Policía Judicial suma irregularidades. “Entre pedidos de medidas de no innovar, de declarar nulo todo lo hecho, de recibir declaración a todos los concursantes, de secuestrar los exámenes escritos y los exámenes orales que fueron filmados, todo fue sistemáticamente negado por el juzgado sin fundamentar jurídicamente la no realización de las medidas requeridas”, sostuvo uno de los demandantes, el abogado Andrés Pajón, quien no logró explicarse por qué no quedó seleccionado a pesar de su amplia experiencia: fue comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, jefe de narcotráfico, de homicidios, de la DDI de Mar del Plata, exdirector de la Escuela Vucetich y Escuela Superior (Caeep). 

Junto a él se presentaron varios concursantes, entre ellos Felipe García, de gran experiencia y conocimiento en investigaciones complejas, que llamativamente fueron desaprobados en la segunda etapa.

En noviembre último, la Suprema Corte de Justicia le requirió al juez de la causa el estado de los amparos, y este informó que “los interesados no activaban su trámite, circunstancia que no se ajusta a lo que se observa en el expediente judicial que ya se compone de 600 fojas”, explicó el demandante. Una vez que Seoane tenga en sus manos los oficios solicitados a las distintas dependencias deberá tomar una resolución respecto de las demandas.