La Procelac va contra Niembro por lavado de dinero

El mismo organismo acusado de encubrir al empresario Lázaro Báez en la llamada “ruta del dinero K”, denunció penalmente al periodista y candidato a diputado nacional por los contratos de su productora con el gobierno porteño 

Como un estudiante de periodismo en su primer día ante las cámaras. Nervioso. Desorientado. Balbuceante. Como si sus 50 años de profesión no sirvieran para nada, ahora, que es cuando tiene que hablar, utilizar sus armas retóricas, dar respuestas. 

Por el contrario, cada vez que le preguntan  por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires era el único cliente de su exproductora La Usina -una compañía que no tenía empleados ni oficinas, pero que, a pesar de ello, cobró alrededor de 170 contratos por un valor que superó los $ 22 millones-, el periodista deportivo y candidato a diputado nacional por Cambiemos, Fernando Niembro, ensaya explicaciones poco convincentes y remata mostrando fotos de una José C. Paz inundada: “A mí me quieren callar por esto”, argumenta, sin más.

En el marco de esa causa, que investiga contrataciones irregulares con el gobierno porteño, ayer la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció penalmente por lavado de dinero a Niembro, y a su ex socio en la productora, Atilio Meza. También denunció al jefe de gabinete porteño y jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, “por incumplimiento de los deberes de funcionario público”; a las ministras porteñas de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Reybaud, respectivamente, y al secretario de Comunicación Social, Pablo Facundo Gaytan.

Hijos y entenados

La denuncia, que la Justicia deberá investigar, enrarece la campaña electoral en la recta final hacia las elecciones de octubre. En tal sentido, es evidente que el gobierno nacional tiene hijos y entenados, que desde el Ejecutivo al Poder Judicial hay una doble vara que condena a los adversarios y protege a los amigos. 

El titular de la Procelac es Carlos Gonella, un fiscal sospechado de haber protegido a funcionarios como el multiprocesado Vicepresidente, Amado Boudou, o empresarios como el socio de la familia presidencial, Lázaro Báez, en la causa conocida como “ruta del dinero K”, donde se lo acusa por haber encabezando una supuesta red de blanqueo de activos, presuntamente provenientes de sobreprecios de la obra pública. En ese marco, Gonella fue procesado por la Cámara Federal por haber “recortado hechos” y excluido a Báez de una investigación antilavado.

Este fiscal, que con la denuncia a Niembro parece haber advertido que el lavado de dinero es un delito, es un kirchnerista de la primera hora, miembro de la agrupación Justicia Legítima y próximo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales federales, hábil en la garantía de impunidad a funcionarios y aliados del poder.

Como pirata cordobés que es, Gonella mantiene un fuerte vínculo con el secretario Legal y Técnico, y candidato a vice de Daniel Scioli, Carlos Zannini. En Córdoba -reconocen-, comparten una relación “casi familiar”.

Justicia militante

Por todo esto, pareciera que en el caso Niembro, más que por justicia, la Procelac actúa por militancia política, excusándose en términos y delitos que hasta ahora desconocía. Por ello, tampoco sorprende que la denuncia haya recaído en el juzgado federal Nº 7, del juez Sebastián Casanello, famoso por sus dilaciones en la causa contra Báez.

Porque de 2003 a esta parte, la Argentina se dividió en dos: entre la realidad y el relato. Es en esa Argentina donde, por ejemplo, tiene lugar esta Justicia paralela, que acelera en autos de alta gama cuando los acusados son opositores, pero marcha en carreta cuando debe juzgar a aliados K. Devolver la democrática división de poderes, también será una de las tareas urgentes a partir del próximo 10 de diciembre.

La denuncia

Según indica la presentación de la Procelac, las “164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de La Usina Producciones S.R.L. por un monto total de $19.473.878,30 nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública”, por lo que “debe investigarse si los denunciados perpetraron los delitos de defraudación a la administración pública, violación de los deberes de funcionarios público y abuso de autoridad”.

En la denuncia, se considera que Fernando Niembro y su socio, Atilio Meza, “podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos”, por lo que solicitaron que la causa sea remitida a la justicia federal.

Asimismo, se afirma que ambos socios fueron “beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las operaciones impostergables que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la ciudad”, y destacaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable”.

El jueves, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes para investigar los pagos de la Ciudad a la empresa del periodista.

Críticas al fiscal K

Luego de que la denuncia de la Procelac contra el electo jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y tres altos cargos por la contratación de la productora del periodista y candidato de Cambiemos, Fernando Niembro, tomara estado público, desde el Pro salieron a cruzar al fiscal K Carlos Gonella.

“Cuando tuvo que investigar a los grandes lavadores no lo hizo, e incumplió con su deber como fiscal y escondió las causas. No actuó en otros episodios por pedido del kirchnerismo y ahora, con esta situación, pasó de ser una tortuga a una liebre, porque no trabaja para la Justicia sino para el gobierno”, dijo la diputada Patricia Bullrich.

A su vez, Laura Alonso afirmó que “la intervención de Gonella confirma una operación política”, ya que “no tiene por qué intervenir en la causa que no tiene ninguna sospecha de lavado de dinero”.

Del mismo modo, el presidente del bloque de diputados por la UCR, Mario Negri, recordó que “Gonella está procesado por haber decidido arbitrariamente a quien investigar, y no haber incluido por eso a Lázaro Báez en una causa que lo ameritaba”, mientras que “[el juez federal Sebastián] Casanello ya fue apartado de una causa por fallar a favor de funcionarios del gobierno”.