La Provincia oficializó la adhesión al pacto fiscal

Con la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal y del jefe de Gabinete Federico Salvai, fue promulgada ayer la adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal, firmado con la Nación el 16 de noviembre del año pasado y ratificado por la Legislatura bonaerense el 27 de diciembre. El acuerdo permitirá el ingreso de $65.000 millones en dos años a las arcas bonaerenses en concepto de coparticipación federal.

Cabe recordar que este pacto fue suscrito por 23 de los 24 gobernadores del país (exceptuando a San Luis), e implicó que se retiraran todas las demandas judiciales que estas jurisdicciones tuvieran contra el Gobierno nacional en torno a los recursos coparticipables. De esta manera, fue eliminado también el tope del Fondo del Conurbano, que limitaba el dinero que recibía la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió recuperar unos $300.000 millones por el retroactivo de los recursos no recibidos en los últimos años.

Según se estipuló en el acuerdo, este año los ingresos que percibirá la Provincia serán de $21.000 millones, y el que viene, $44.000 millones más. Luego, a partir de 2020, la cantidad de dinero se actualizará en base a la inflación. Estos recursos irán destinados “a obras públicas y programas sociales del Conurbano bonaerense”.

La forma en que se dividirán esos ingresos quedará a criterio de la Gobernación bonaerense, ya que quedó exceptuada, a diferencia del resto de las provincias, de lo establecido en el inciso G del artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal vigente (Ley 23.538), que exige contemplar un esquema de distribución para los municipios que debe ser aprobado mediante una ley. 

Al adherir a este pacto, todas las jurisdicciones se comprometieron, entre otros puntos, a reducir impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, lo que significará un recorte equivalente al 1,5% del PBI en los próximos 5 años; mantener el gasto constante en términos reales; hacer converger las valuaciones fiscales de los inmuebles con las valuaciones de mercado; y aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de las jurisdicciones. 

Este último ítem fue especialmente polémico en algunas comunas bonaerenses, ya que implica un mayor control de las cuentas municipales por parte del Ejecutivo provincial, por lo que al menos 15 distritos opositores no adhirieron. En otros, como Berisso, la adhesión se realizó tras varios intentos de sesionar bloqueados por la falta de quorum de la oposición.