La puja política detrás del debate sobre las prisiones domiciliarias

Luego de la larga y tenebrosa noche dictatorial, Raúl Alfonsín denunció un pacto que sirvió en gran medida para el éxito electoral que lo llevó a la primera magistratura: el pacto militar-sindical.

Más allá de las diferencias de contexto histórico y de envergadura social, es hora de denunciar otro pacto, que ha dominado estos últimos años y que ha llevado a una destrucción institucional como pocas veces se ha dado en la historia de nuestro país. Nos referimos al pacto mediático-judicial.

Si no fuera porque mezquinos de moral e intelecto estan a la orden del día, no haría falta aclarar que no nos referimos a todos los periodistas y a todos los jueces, tampoco nos referimos a la mayoría de los jueces y a la mayoría de los periodistas, sólo debemos remitirnos a los caminos que han desarrollado un conjunto de inmorales que escriben, hablan, titulan y conspiran, y a otro conjunto de almas descarriadas que simulan, juzgan, temen, extorsionan y, también conspiran.

A esos dos grupos se suma un aporte de la fauna prehistórica, los Dinosaurios, que confirman día a día que Susana tenía razón: ¡viven!

Ese grupo tridimencional es el que pacta con los grandes grupos económicos que sólo quieren multiplicar ganancias al infinito sin mirar cómo transitan sus difíciles vidas nuestros hermanos, los que llegan en transporte público a remar el día y sus destinos, con pocas esperanzas de ser reconocidos y con menos chance de comenzar el camino a la mejora económico social.

Es el que ha montado las bases y el argumento del lawfare, para disciplinar a cualquier intento de presentarse como una alternativa política para mejorar el futuro de un conjunto de olvidados.

Es el dream-team que antes se ha encargado de separar de la sociedad libre a aquellos que quedaron fuera de los procesos de acumulación de riquezas bajo el ropaje de capitalismo liberal y que se fueron transformando en un riesgo para el goce de las prerrogativas de los pocos con éxito.

Es el que no ha dudado en encarcelar, allanar o tomar decisiones de impacto publicitario, sin razón, pero sólo a efectos de evitar tapas de periódicos que lesionen más sus ya muy dañados prestigios individuales o institucionales. Sus miembros juegan tenis detrás de los árboles y coinciden en el festejo de la independencia de países de embajadas activas y poderosas.

Son los que frente a un gobierno que no puede ser criticado por el manejo de una crisis mundial sanitaria como nos aqueja, incitan a las amorales cacerolas a batirse a duelo por el crecimiento económico de un país que fue empobrecido en el marco de gobiernos conducidos por filosofías berretas de colegio privado, frente a ollas, mientras tanto, ocupadas silenciosa y mansamente de lo gastronómico.

Son los mismos que solo se preocupan por la vidas de algunos, y no se interesan por las de los más vulnerables.
Son los que miran a los países del norte siempre y cuando la imagen que reciban reproduzca el mismo modelo de mezquindades canallezcas que anida en sus corazones.

Son los que han estimulado un crecimiento de la tasa de prisionización en los últimos años francamente apabullante. Sin preocupación alguna por razones de sanidad, alimentación, hacinamiento ni respeto por la totalidad de los derechos individuales.

A ellos hay que decirles que la mayor parte de los organismos internacionales de derechos humanos, salud, académicos han elevado el grito de preocupación por el riesgo de que a estas personas (en su gran mayoría inocentes o no culpables), sometidas a una institucion total, no se les pueda garantizar una rápida solución médica frente a un caso de contagio.

No fue el siempre castigado garantismo argentino el que primero generó la preocupación (si esta fuera una forma legítima de referirse a los que imaginan un país con respeto a los principios constitucionales), fueron los organismos más serios y objetivos del primer mundo.

Hay que comprender que un ciudadano privado de su libertad es un señor que está incapacitado de valerse por sí mismo y frente al cual el Estado, los Jueces, son garantía de su salud y supervivencia.

Frente a esto, y como si se buscara que nada cambie, nada se corrija y que los ciudadanos presos mueran; se argumenta que se liberarán violadores, homicidas y toda clase de presos peligrosos que volverán a cometer con seguridad el delito por el cual están dentro de la unidad
penitenciaria.

Este falaz argumento es repetido una y otra vez. En primer lugar, hay que aclarar e informar quiénes son los presos del sistema federal (como nos recuerda hace poco la especialista Claudia Cesaroni).

En este sentido, hay que decir que de 13.358 personas alojadas en cárceles federales el 57 % todavía no está condenado, así que, hasta ahora debe ser tratado como inocente.

Hay 781 presos por homicidios dolosos y hay 742 presos por delitos contra la integridad sexual.

Eso implica que el 5,81% está preso por haber sido acusado de homicidio y el 5, 54 % está preso por delitos contra la libertad sexual. En cambio, los presos por delitos de robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas de hurto llegan a 5.093. Es decir, constituyen el 38% de los internos.

¿Qué pasa con el tema de la droga?, pues bien hoy hay 5.358 presos por diversas infracciones a la ley de drogas, que conforman el 40% de la población penitenciaria en materias federales.

Esta preocupación, a pesar de lo que difunda el pacto Dyno-mediático-judicial, no está destinada a liberar, por otro lado, a nadie. Se busca utilizar la herramienta del arresto domiciliario, que como su claro nombre lo indica es, a todas luces, un arresto, una privación de la libertad.

Solo hay que leer la Constitución

CN. Art. 18 (in fine): “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. Nacional Artículo 18 Constitución Nacional”.