La realidad de las pymes

En las últimas semanas, oficialismo y oposición se trenzaron en un estéril y absurdo debate acerca de los alcances de la denominada ley antidespidos.  Perdieron un valioso tiempo en una norma cuya aplicación o veto  no cambiará nada de la angustiante realidad económica que se vive a lo largo y ancho del país. 

Una clara muestra de esta situación es que, mientras macristas, kirchneristas e integrantes del Frente Renovador que lidera Sergio Massa discutieron y negociaron durante semanas, la realidad de la gente pasaba y pasa por otro carril. Es más, miles de pequeñas y medianas empresas –como así también comercios- no tuvieron otra alternativa que bajar las persianas al no poder hacer frente a una aguda recesión heredada del era K, que en los últimos meses se vio alimentada por tarifazos y por un mercado interno absolutamente deprimido. Pareciera que existe una ignorancia generalizada, que afecta a gran parte de la dirigencia política, sobre la realidad económica en la Argentina. Plantear un debate sobre la ley antidespidos, como si fuera una cuestión de vida y muerte, resulta  muy poco serio. La realidad es que, en un sistema capitalista, si la actividad no se reactiva, por más que haya leyes y decretos que dispongan duras penas económicas contra empresarios, no se podrá impedir que se sigan perdiendo puestos de trabajo.  

El debate debería centrarse en otras cuestiones. Por ejemplo, el 40% de la población económicamente activa de nuestro país vive en la más absoluta informalidad, sobreviviendo con planes sociales o haciendo trabajos en negro sin poder hacer los aportes previsionales correspondientes.

La única forma en que este universo de excluidos tenga una oportunidad de insertarse en el sistema y progresar en el mercado del trabajo es logrando que las pymes –principales generadoras de empleo genuino- puedan salir a flote. Y esto será imposible si no se baja la inflación y  no se sacan las trabas para acceder a créditos blandos que fomenten la producción y la inversión.
 
Pese a que la Argentina salió el default y cuenta con posibilidades de financiamiento internacional, en el plano doméstico las tasas crediticias no bajan del 38%. Y esto lo único que hace es alimentar la usura. Se ahuyenta inversiones y se apuesta a la bicicleta financiera, beneficiando así al sector que, no por casualidad, siempre resultó favorecido por los gobiernos de turno en los últimos 25 años: los bancos.

La presión impositiva ha transformado al Estado en una suerte de socio improductivo, tanto para las pymes como para los trabajadores, a punto tal que se queda con el equivalente a casi el 50% de cada salario. Por eso se hace necesaria una urgente reforma impositiva, que apunte a los sectores más concentrados.  En ese sentido, resulta inadmisible que en pleno siglo XXI los bancos en la Argentina sigan sin tener que pagar un solo centavo por su fabulosa renta financiera, algo que no sucede en prácticamente ningún país del continente. Algo similar ocurre con el puñado de multinacionales que manejan la megaminería, cuya alícuota de retención –por una decisión del gobierno macrista- quedó reducida a 0 cuando esta actividad extractiva se encuentra esquilmando los recursos naturales de nuestro territorio.

También llegó la hora de hacer frente a los monopolios que imponen y manejan, a su antojo, los precios de productos esenciales de la canasta básica. Concretamente, sólo dos empresas imponen los precios de gran parte de los productos lácteos de nuestro país, condenando a miles de productores lecheros al quebranto. ¿El motivo? Los tamberos reciben precios por debajo de los costos de producción, cuando los consumidores deben pagar en las góndolas del supermercado valores que multiplican, varias veces, ese valor.

En definitiva, llegó el momento de que aquellos que protagonizan el debate político y económico, en nuestro país, se pongan los pantalones largos.